El derecho de expresar descontentos con medidas, decisiones unilaterales o posibles abusos de poder es constitucional. Lo mismo cabe decir de exigir soluciones, de protestar públicamente con carteles, mantas y voces. Pero no existe ningún derecho para privar al resto de guatemaltecos, ajenos al interés de los manifestantes, de la libre locomoción, el trabajo, ganar el sustento. Por desgracia, los extremismos tergiversan una legítima garantía y la convierten en un atentado contra el bien común.

No importa quiénes o qué razones enarbolen. No importa signo ideológico o ente organizador. Cualquier cierre ilegal de vías es perjudicial, prepotente y de incalculable impacto. Paradójicamente, estos taponamientos consiguen más bien el efecto opuesto; es decir, colocan en serios apuros a la misma ciudadanía cuyo apoyo se pretende obtener. Y si este no es el objetivo, entonces dichos cierres son un deliberado sabotaje a la actividad económica y, por ende, se incurre en delito. Curiosamente, los mismos juegos maquiavélicos de ciertos gobiernos que toleran bloqueos de protestas distractoras o marchas convenencieras de apoyo gremial acicatean este tipo de despropósitos colectivos.

Simpatizantes del partido Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) cerraron ayer al menos 15 tramos viales, algunos en puntos neurálgicos para el transporte de personas y mercancías, con el argumento de presionar por la inscripción de candidatos denegada por el Registro de Ciudadanos. La procedencia o improcedencia del reclamo pasa a segundo plano, dada la arbitrariedad cometida. Toda causa que invoque al pueblo queda en entredicho precisamente porque es este el afectado.

Miles de guatemaltecos volvieron a quedar varados, faltaron a compromisos, incumplieron pedidos; se vieron comprometidas mercancías perecederas o de exportación y entregas de envíos. La excusa es la misma de tantas veces y sigue siendo inválida para cualquiera que vede la libre locomoción. Cámaras e instituciones empresariales volvieron a demandar, infructuosamente, una rápida solución a este nuevo atentado contra la productividad.

Son repudiables desde las nefastas barricadas del Jueves Negro, en el 2003, para forzar la inscripción de un candidato con prohibición constitucional o los denominados expatrulleros civiles que reclamaban un pago, hasta las violentas protestas de supuestos exmilitares que exigían un resarcimiento que el Congreso otorgó, en un alarde de politiquería barata, para ellos, porque para la ciudadanía saldrá carísima, no solo por el egreso en sí, que ya de por sí es cuestionable, sino por el pésimo precedente que deja este clientelismo terrorista que no debería ser permitido y sí sancionado.

La libre expresión es necesaria, el derecho de petición es fundamental, la garantía para poder protestar pacíficamente forma parte del espacio democrático. Pero de eso a perjudicar a miles de terceros hay todo un abismo de contradicciones, inconveniencias y pérdidas que nadie va a indemnizar, ni siquiera quienes aseguran actuar en nombre de los pobres, que también se ven afectados. Para plantear querellas legales y amparos por posible conculcación de derechos están los juzgados y cortes; también las aceras, plazas y orillas de carreteras, desde las cuales se pueden presentar, con respeto a los demás, las demandas. Quizá así se ganaría más: con solidaridad y no con indolencia a la necesidad ajena.