Pese a que el paso de la tormenta tropical fue relativamente rápido y se disipó sobre el litoral sur guatemalteco, ocasionó lluvias que generaron fuertes impactos en la Franja Transversal del Norte y en Suchitepéquez, con cauda de 15 fallecidos por desbordes de ríos y deslaves, con lo cual ya suman 66 los guatemaltecos que han perdido la vida en la temporada de lluvias del 2022, cifra que supera al 2021 y expone el creciente riesgo de los irregulares patrones de precipitación. No hay manera de cuantificar el valor de tantas vidas productivas arrasadas por el desastre.

En cuanto a la agricultura, la ganadería y otras actividades económicas, aún está pendiente el cálculo de pérdidas final, aunque preliminarmente se estiman en 250 mil las familias que perdieron cultivos. A ello hay que agregar el monto que insumirá la reparación de carreteras, puentes y drenajes. Existe, además, una dimensión poco explorada, y es la de los núcleos familiares cuyas viviendas se vieron inundadas y con ello perdieron electrodomésticos, camas, ropa y otras pertenencias. Afectados en localidades inundadas también reportan repetidamente la pérdida de aves de corral, lo cual puede sonar nimio a la distancia, pero que representa la privación de un anhelado ingreso en el final del año.

Una gallina de patio puede costar entre Q100 y Q150, mientras que un pavo puede tener un valor de Q300 a Q500. Un cerdo puede tener un precio entre Q400 y Q1 mil. Si tales montos se multiplican por la cantidad de reportes, se puede percibir de manera más realista otro aspecto de la penuria, que no solo se limita a la venta de los ejemplares, sino a un recurso alimentario; en otras palabras, el costo de una crecida impacta más a los pobladores rurales con menores recursos.

Así que el abordaje de este desastre va más allá de querer hacer un negocio de hasta Q30 millones en raciones alimenticias, a un costo unitario sin divulgar, como las ofrecidas por el ministro de Desarrollo, Raúl Romero, quien de alguna manera se apresura a anunciar tal posibilidad. Lo mismo vale decir de la anticipada declaratoria de un estado de Calamidad para disponer de ingentes recursos para emprender una reconstrucción dispersa y sin necesariamente contar con los estándares de calidad para prevenir que al cabo de poco tiempo vuelva a socavarse el terreno de un puente o un camino.

En demasiadas ocasiones mandatarios, diputados o ministros de Comunicaciones que ni siquiera tienen especialidad en construcción de infraestructura acuden en cómodos helicópteros a las zonas de desastre para promocionarse con la debacle de fondo. Ni siquiera recorren por tierra los caminos anegados, a menos que haya camarógrafos presentes. Si se quisiera marcar una respuesta eficiente, quienes deberían ser trasladados con tal celeridad son ingenieros civiles, agrónomos, ecologistas, peritos forestales, geólogos, técnicos en hidrología y otros expertos pertinentes para efectuar una evaluación eficiente del cuadro de situación.

Comunidades y ciudadanos necesitan ayuda, eso es innegable. Pero tal auxilio no debe efectuarse con visión electorera, porque entonces se convierte en chantaje y aprovechamiento. Los recursos utilizados para atender la emergencia deben ser consignados públicamente, así como los contratos y proveedores. No se necesitan más créditos, pues se deben utilizar los Q3 mil millones que el Congreso destinó a reparaciones viales que no se han realizado, aunque muchas ya se adjudicaron. La calamidad no es una piñata ni un arca abierta, sino una prueba de capacidad de gestión.