La Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegó la solicitud del partido Cambio, de Manuel Baldizón, respaldada por las agrupaciones Valor, Todos y Creo, que buscaban un recuento de votos. Dicha negativa se dio tras considerar que las segundas audiencias de revisión efectuadas por las juntas electorales de todo el país cumplieron con el amparo provisional emitido el 1 de julio por la Corte de Constitucionalidad, la cual delegó en la CSJ verificar su cometido, que a su vez avaló que el Tribunal Supremo Electoral proceda a la oficialización de resultados.

Más allá de los entretelones, intencionalidades y conflictos de interés enzarzados en este recurso, la autoridad electoral tiene vía libre para declarar abierta la campaña electoral de segunda vuelta, en la cual deberían prevalecer actitudes cívicas, un debate profesional de los planes de las opciones en contienda, y un diálogo de sectores ciudadanos sobre las fortalezas y debilidades de cada propuesta. De eso se ha tratado siempre la vida democrática que sigue superando desafíos y enfrentando nuevos. Las prioridades del país son claras, conocidas y con abordajes parciales, algunos aciertos y también deficiencias de gestión.

Para decidir sobre eso hubo una primera vuelta electoral en la que participó el partido oficialista, que obtuvo una buena bancada en el Congreso, mas no recibió el apoyo para continuar en el Ejecutivo. Mejora de la calidad educativa en cuanto a docencia, edificios y equipamiento; ampliar la cobertura de salud, preventiva y curativa; fortalecer la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria; incentivar la productividad agrícola, comercial e industrial, así como la llegada de inversiones para generar oportunidades de empleo y entrar de lleno al combate de la desnutrición infantil aguda y crónica son desafíos formidables sobre los cuales los dos candidatos presidenciales, Sandra Torres y Bernardo Arévalo, han hecho ofrecimientos.

Explicar junto con sus equipos cómo los llevarán a cabo debe ser el eje temático de la campaña. Flotan ya en el ambiente de redes sociales cruces de señalamientos, prejuicios y hasta insultos. Poco ayudan estas diatribas porque solo generan zozobra, polarización e intransigencia. Suficientes lecciones han dejado las campañas de segunda vuelta desde 1985 hasta la fecha como para continuar repitiendo las confrontaciones estériles. La resolución del dilema es inherente a este proceso cívico y democrático. No obstante, sea cual fuere la elección, no debería dejar dividido al país. Los liderazgos nacionales y sectoriales deben impulsar la reconciliación, sobre todo aquellos que enarbolan valores espirituales y religiosos como el perdón, la honradez y el amor al prójimo.

El 20 de agosto los guatemaltecos empadronados, en el territorio nacional y en Estados Unidos, están llamados a definir a la persona que sucederá a Alejandro Giammattei. Sin duda alguna habrá conversaciones interpartidarias, lícitas para formular una agenda de Estado. Por eso, estos acuerdos mínimos no deberían limitarse a la campaña o a la transición, sino prevalecer como motor de avance del país a lo largo del siguiente período.

A nadie le conviene un país polarizado, por lo cual los resultados de la segunda vuelta deben ser respetados con altura cívica, un compromiso que ciertas agrupaciones políticas amenazaron vulnerar en la primera vuelta. Solo unidos podemos sacar adelante a Guatemala para bien de actuales y futuras generaciones.