Para hoy está prevista la resolución definitiva del amparo mediante el cual la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó suspender de manera provisional, en agosto último, las reformas a los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) solicitadas por el Comité Olímpico Internacional (COI), máximo ente rector de la competitividad deportiva global. Estas fueron suspendidas por voto dividido. Cuatro magistrados apoyaron la suspensión con el argumento de riesgo de inconstitucionalidad, con lo cual legalizaron la toma de posesión de una directiva encabezada por el exfutbolista Jorge Rodas, cuya elección no es reconocida por el COI porque no tuvo la participación de todas las federaciones, entre otras causas. La objeción al reglamento ocasionó la suspensión total de la participación olímpica de atletas guatemaltecos, quienes en el mejor de los casos caminarían bajo la bandera blanca del COG, como si fueran apátridas.

Por el otro lado de esta larga y dañosa pugna está la pretensión de la directiva rival, encabezada por Gerardo Aguirre, reelecto bajo el estatuto reformado pero suspendido por la CC. Después de cuatro meses de suspensión, lo que menos importa es el empecinamiento de los bandos Rodas y Aguirre. Son prioritarios los sueños, los esfuerzos y el futuro de decenas, cientos, miles de jóvenes deportistas nacionales de todas las categorías que, por ahora, no pueden competir con la bandera azul y blanco; ni siquiera pueden organizarse juegos olímpicos nacionales, lo cual deja en entredicho cualquier alegato de “inconstitucionalidad”. El valor y sentido de las garantías de la Carta Magna es para proteger la vida, el desarrollo y el derecho de acción de todos los habitantes de la República de Guatemala. Por lo tanto, la CC debe propiciar la total integración del deporte guatemalteco al ciclo internacional.

En diciembre último, el Comité Olímpico Internacional fue muy enfático al declarar que no reconocerá la elección de Rodas al frente del COG. Y no es que el COI esté tomando partido por alguno de los bandos, sino simplemente demanda la vigencia de los estatutos como primer paso para que este laberinto tenga una salida salomónica y transparente.

Jérôme Poivey, asesor jurídico del COI, encargado de Relaciones Institucionales y Gobernanza con los comités olímpicos nacionales, recomendó que “las autoridades relevantes encuentren una solución apropiada”, lo cual demuestra respeto al orden constitucional nacional, pero esto no implica la permanencia de ninguna de las dos directivas, cuya necedad exhibe otros intereses ajenos al bien de la mayoría.

La Corte de Constitucionalidad no puede permitir que esta suspensión se alargue. Es el carácter internacional del deporte el que le da vida, sentido y trascendencia a los esfuerzos de todos los deportistas, de todas las disciplinas, de todos los departamentos y de todos los estratos sociales en competencia.

Lo más justo y ecuánime es que la CC emita una resolución en favor de la mayoría concreta; es decir, los miles de deportistas guatemaltecos. Debe avalar los nuevos estatutos del COI y fijar un proceso perentorio para una nueva votación, pública y transparente, con nuevas planillas, bajo los auspicios de ciudadanos notables y de representantes del propio COI, como observadores. Si los magistrados de la CC rechazan en definitiva los estatutos actualizados, estarán condenando a Guatemala a una inédita, oscura y deleznable exclusión de las olimpiadas de París 2024.