Un soberano fracaso protagonizó ayer la Procuraduría General de la Nación (PGN), que tiene a su cargo ejercer la representación del Estado y la asesoría legal a los órganos y entidades estatales. El titular, Wuelmer Ubener Gómez González, fue nombrado en mayo último por el presidente Alejandro Giammattei para un período de cuatro años. Entre sus méritos tenía el haber sido asesor de la extinta y fallida secretaría denominada Centro de Gobierno, montada y desmantelada en el primer año del mandato debido a las críticas, y fue subdirector del Instituto Guatemalteco de Migración.

La semana recién pasada concluyó el juicio de La Línea con la sentencia condenatoria para 18 personas, incluidos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti. La PGN declaró su intención de ser querellante adhesivo en dicho proceso, pero acciones judiciales de la defensa de acusados la dejaron fuera. En todo caso, el interés de participar era para poder obtener un resarcimiento para el Estado y, en efecto, para ello hubo una audiencia judicial en la cual la PGN debía presentar su reclamo.

Sin embargo, el informe presentado ante el Tribunal de Mayor Riesgo B tenía todas las trazas de haber sido hecho a la carrera y con errores de principiante, por lo cual no solo fue rechazado de forma unánime por las tres juezas, sino calificado de “impertinente e inútil”. Podría inferirse alguna responsabilidad de anteriores procuradores de la Nación, pero las entidades dependen de procesos y no de personas. La pretensión de la PGN era, en teoría, obtener un resarcimiento de Q73 millones, aunque por los defectos de forma y fondo el citado tribunal solo otorgó un resarcimiento al Estado por Q8.4 millones.

La referencia para calcular el monto exigido se basa en un informe del Banco de Guatemala (Banguat) emitido el 9 de diciembre, un día después de la sentencia por el caso de defraudación aduanera, de alto impacto, como si no existieran antecedentes documentales o estimaciones efectuadas por anteriores titulares, sobre todo si pretendían ser querellantes adhesivos. Cabe cuestionar por qué no se consultó a la SAT para cotejar el dato del Banguat. La representante de la PGN adujo que se le consultó, por ser “el banco central y consejero”.

Las juezas señalaron, además, que no hay un razonamiento detallado de los montos exigidos a cada persona, que el expediente carecía de número de folios y tenía hojas manuscritas con la nómina de sentenciados, pero no todos tenían completos los nombres y apellidos. “No cuestionamos la legitimidad de la persona que elabora este documento… lo que no podemos permitir —es— que se introduzca un documento que contiene deficiencias”, señaló la jueza Valdés. Se trata de un fiasco por el cual deberían deducirse responsabilidades y revisarse procesos. Ello no libra de responsabilidad a Gómez González y genera dudas sobre su idoneidad. Se supone que toda acción de la institución cuenta con su aval, en especial en un proceso contra exfuncionarios que defraudaron al Estado.

No es la primera vez que la PGN queda al margen de importantes procesos que devienen en situaciones lesivas para el Estado, como ocurrió con el contrato de las vacunas rusas Sputnik V, el del Libramiento de Chimaltenango o el caso Odebrecht. La pregunta es: si un procurador general de la Nación no defiende con fuerza, integridad y constancia los intereses del Estado de Guatemala —no del presidente ni de la camarilla oficial de turno—, entonces, ¿quién?