Abundantes son los rostros de completos desconocidos que ofrecen sus servicios como futuros diputados, sin referir siquiera los méritos, capacidades profesionales o propuestas que les otorguen un perfil de elegibilidad. Hay principiantes tiktokeros, bufones irrespetuosos, parientes de presidenciables antiguos o actuales, aunque instalados en otro partido. También hay cuasi vedettes y supuestos líderes comunitarios a los que no se vio levantar una sola vez la voz ante los desmanes del actual Legislativo, lo cual deja muy mal parados a los partidos que permitieron ocupar en sus primeras casillas dichos perfiles, que desde luego aportaron fondos a las campañas para tener derecho de piso.

Por el otro lado está el variopinto conjunto de 124 parlamentarios que pretenden reelegirse. Son el 78% de la legislatura, pero una gran mayoría de la misma no puede sino calificarse de “depurable” debido a sus escasos alcances intelectuales, la inexistente defensa de los legítimos intereses ciudadanos y su venal e irreflexivo plegamiento al oficialismo de turno, sin respetar ideologías, ofrecimientos y supuestos principios políticos, lo cual incluye el transfuguismo disimulado, sobre todo ante la cancelación de narcopartidos y la concreción de pactos aviesos.

Recién se cumplieron 30 años del infausto Serranazo mediante el cual un déspota intentó cubrir sus incumplimientos e intolerancias a través de un autogolpe de Estado, que fue rechazado por toda la sociedad, los medios de comunicación, los sectores académicos, la institucionalidad de Derecho y la comunidad internacional. No obstante, era innegable la presencia de congresistas corruptos, dedicados a velar por oscuros intereses, los cuales fueron denominados como “los depurables”.

A solo tres semanas de una nueva cita con las urnas y a pesar de múltiples señalamientos de ineficiencias o conflictos de interés de la autoridad electoral, la ciudadanía tiene una oportunidad legítima, pública, abierta y trascendental de reconfigurar el Legislativo, tomando como base el actual bodrio. Es obvio el esfuerzo del 78% de diputados por reelegirse: algunos podrán exhibir logros, otros no. Hay claros incumplimientos, como abusos del presupuesto, leyes urgentes sin aprobar, involucramiento en negocios turbios, procura de impunidad y la falta de elección de magistrados del Poder Judicial, retrasada por más de tres años solo para mantener una Corte Suprema de Justicia afín, pero cuya prolongación se hace insostenible.

A ello hace falta sumar la poca o ninguna fiscalización del Ejecutivo, el bloqueo oficialista a las sesiones de interpelación de funcionarios y la ausencia de sentido crítico con discursos confesionales que distan mucho de las costumbres disipadas, opacas negociaciones y endosos politiqueros de varios representantes. No son poca cosa los presupuestos abultados, deficitarios y amarrados a préstamos considerables, pese a la mejora en la recaudación. También hay sospechosas ampliaciones de gasto sin candados de transparencia ni beneficio a la población.

La ciudadanía tiene en su mano la expulsión de los peores representantes y la permanencia de quienes considere rescatables. El sistema de listas fijas nacionales y distritales dificulta la depuración, pero no la impide. Por tal razón los partidos querían que no aparecieran nombres en las papeletas. Guatemala podrá elegir mejores parlamentarios que respondan con fidelidad a los objetivos de desarrollo, educación, probidad, competitividad y auditoría del poder público.