Las difíciles condiciones de vida de cientos de familias en El Estor, Izabal, saltaron a la vista durante el reciente y polémico estado de Sitio impuesto en 22 municipios de seis departamentos, justo después de la ejecución de tres miembros del Ejército, que fue la justificación para declarar tal medida de excepción, aunque todavía no se termina de esclarecer la secuencia de hechos y factores que condujeron a tales crímenes.

Se desarrollaron operativos policiales y militares en aldeas y regiones donde se reporta trasiego de drogas, hubo algunas capturas y decomisos, destrucción de pistas clandestinas que supuestamente había podido ver o localizar antes, hallazgo de plantaciones de mariguana y de hoja de coca que quizá también pudieron ser localizadas sin necesidad de suspender las garantías constitucionales. En todo caso, terminó el plazo de 30 días autorizado por el Congreso y no se logró el quorum para aprobar una prórroga solicitada por el Ejecutivo y que añadía dos municipios de Sololá por una causal distinta. El Ejecutivo anunció un nuevo pedido de Sitio, aunque excluyendo a lo municipios de Puerto Barrios y Lívingston, severamente golpeados en el último mes por la caída del turismo, pero se avizoraba la inclusión de otras localidades que no fueron detalladas.

Los pobladores de Semuy 2 y de decenas de aldeas que han vivido prácticamente en una tierra de nadie, con esporádica presencia de autoridades, con escasas oportunidades de empleo formal y con fuertes carencias en infraestructura productiva, vial y educativa, tenían sentimientos encontrados: por una parte se alegraban de tener vigilancia de soldados, pero sobre todo de haber sido recordados; por otra, están conscientes de que la medida es temporal y temen que el Estado vuelva a ausentarse, tal como ha ocurrido durante décadas.

Lo paradójico es que estas acciones se emprendieron en el epílogo del actual período, pese a las repetidas señales de alerta en el nororiente y sin que hayan existido programas sostenidos de desarrollo comunitario, ecológico o forestal. Es llamativo que a pesar de ser un área donde usualmente transitan personas fuertemente armadas no se hayan producido mayores decomisos de este tipo. Puede ser que muchas, en efecto, tengan licencia legal de portación o bien que el propio despliegue las haya puesto sobre aviso.

La ausencia del Estado les dio impunidad a grupos dedicados al trasiego de armas, drogas, mercancías y personas, lo cual no solo ocurre en Izabal, sino prácticamente en todos los departamentos con áreas fronterizas, tal el caso de Tacaná, San Marcos; Ixcán, Quiché; Nentón, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; Esquipulas y Concepción Las Minas, Chiquimula, y toda la región de los parques Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, en Petén, por tan solo mencionar algunas de estas regiones críticas, en las cuales la población está a merced de bandas armadas.

El desafío es descomunal y largamente relegado. El gobierno feneciente debe reconocer que en tres meses no hará lo que en 45 anteriores no hizo. Las autoridades entrantes deberían tener ya en las manos un estudio estratégico para tomar las primeras acciones, que pasan no solo por la seguridad pública y la presencia del Ministerio Público y el Organismo Judicial, sino por sembrar confianza en la población mediante la inversión en educación, en productividad turística y agricultura técnicamente asistida, así como una mayor transparencia en la ejecución de los programas de atención en salud, nutrición y saneamiento, que sí logran abrir un sitio para el Estado en estas comunidades, en lugar de un estado de Sitio.