Washington acaba de meter a Latinoamérica en un nuevo laberinto, con el reconocimiento del joven diputado Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, en una larga batalla por sacar del poder a Nicolás Maduro. Esto, aunque deseable, no será tan rápido ni tan sencillo, como los estrategas estadounidenses suponen, porque hay tareas similares en el continente americano sobre las que se mide con un diferente rasero a los gobernantes.

Si bien con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos se puede esperar cualquier cosa, resulta obvio que hubo cierto apresuramiento, pero sobre todo demasiada tolerancia con el desarrollo de los acontecimientos. Fue realizado en un contexto marcado por lo político y empezará una batalla de reconocimientos y rechazo hacia los dos políticos que ahora se pelean la presidencia de Venezuela.

Con el desenlace de los acontecimientos en Venezuela, la diplomacia estadounidense parece haber perdido la capacidad de influencia en el hemisferio y ha acudido a las medidas de hecho, en vez de insistir en presionar a un régimen impresentable que ciertamente no puede continuar castigando a un pueblo, pero se debió hacer de manera más serena, porque se abren otros retos similares.

Una de las subsiguientes acciones que debe afrontar Washington es frenar los mismos abusos que está cometiendo Daniel Ortega en Nicaragua, quien en menos de un año ha logrado erosionar la institucionalidad, destruir la economía y reprimir a la población que se manifiesta en contra del régimen.

Ese gobierno es tan impresentable como el venezolano, pero el relevo también debe buscarse de la manera más civilizada y efectiva posible, con el fortalecimiento de la sociedad civil, que debe aglutinar a todos los sectores para ponerle freno al abuso y al derramamiento de sangre impulsado por la pareja de desquiciados gobernantes.

Uno de los primeros países en respaldar la decisión de Washington, de reconocer a un nuevo presidente venezolano, fue Guatemala, cuya canciller, Sandra Jovel, emitió un comunicado en que respalda a Guaidó como el presidente interino de Venezuela, mientras en forma simultánea se despojaba de la seguridad policial a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

De hecho, Guatemala debería estar también en la lista de países que necesitan un correctivo de Washington, por poner en riesgo la institucionalidad con su irrespeto a acuerdos internacionales y, todavía peor, con la afrenta al máximo tribunal constitucional del país, al soslayar sus decisiones y, encima, poner en movimiento la maquinaria del Pacto de Corruptos para arremeter contra tres de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes ayer fueron amparados.

El respeto que Washington busca para la población venezolana debe ser el mismo que se la exija a la tiranía nicaragüense, cuyos abusos y acoso a la prensa independiente tampoco deben ser tolerados, porque se atenta contra uno de los pilares de cualquier democracia.

Guatemala tampoco debe quedar fuera de las acciones emprendidas por Washington, porque acá también se han debilitado las instituciones, así como empezó todo en Venezuela y Nicaragua, donde se avanzó con el debilitamiento institucional, siguió con la cooptación de importantes entidades hasta llegar a desafiar el ordenamiento constitucional.