El veredicto de culpabilidad emitido por una corte de Brooklyn, EE. UU., por cinco delitos de narcotráfico, en contra de Genaro García Luna, ex zar antidrogas de México, cierra un proceso judicial sin precedentes. Se trata del más alto exfuncionario mexicano detenido, procesado y que podría afrontar incluso cadena perpetua, debido a la gravedad de los cargos y sus respectivas penas.

García Luna estuvo en el cenit del poder entre 2006 y 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón, quien ha negado cualquier vínculo con las tropelías del otrora todopoderoso funcionario. Se trataba, sin embargo, de un colaborador de confianza al más alto nivel, lo cual implica negligencia o algún grado de conocimiento. García Luna negoció millonarios sobornos para encubrir las actividades del cartel de Sinaloa, encabezado entonces por Joaquín el Chapo Guzmán, a la vez de aprovechar la sangrienta ofensiva antidrogas para atacar y encarcelar a competidores.

Los testimonios fueron contundentes. La defensa del exfuncionario de Gobernación los descalificó ante el jurado, con el argumento de que se trata de criminales convictos que buscaban una vendeta por haber sido apresados durante su gestión. Sin embargo, esto no explica correlaciones logísticas, patrones de acción y menos aún la cuantiosa fortuna que amasó. El acusado optó por abstenerse de declarar en el tribunal, posiblemente como estrategia para una previsible apelación.

En todo caso, el fallo deja servida la mesa de la polémica: menciones y conexiones con exfuncionarios mexicanos y estadounidenses acarrean la idea de posteriores investigaciones y citaciones judiciales en ambos lados de la frontera. Para bien de la institucionalidad de ambas naciones, todas esas salpicaduras merecen pesquisas serias y consecuencias ejemplares.

Para la región centroamericana también resulta clave la divulgación e investigación de los alcances de las redes conexas con García Luna: dada la dinámica expuesta, los carteles mexicanos precisaban de complicidades en el Triángulo Norte. En todo caso, el trasiego de estupefacientes persiste y sigue requiriendo de colaboracionismos ilícitos que llevan a pensar en alcaldes o diputados colocados en la lista negra de narcotráfico de EE. UU, tales como Jorge Armando Ubico, pedido en extradición por ese país; el excandidato presidencial Mario Estrada, del extinto partido UCN, preso y confeso por dicho delito; o Manuel Baldizón, también expresidenciable que ahora aspira a ser inscrito como aspirante a diputado, deportado en octubre de 2022 tras haber cumplido sentencia en una cárcel de Atlanta por lavado de narcoactivos. Son fundamentales los criterios de exigencia en entes como el Tribunal Supremo Electoral, que no debe dudar en rechazar tales perfiles por obvia falta de idoneidad. Y si el Registrador de Ciudadanos insiste en la laxitud hacia esta clase de vulnerabilidades, debería cuestionarse también si es idóneo para el cargo.

Será interesante lo que tenga que decir en su defensa el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado a EE. UU. a los pocos días de haber entregado el poder y quien enfrentará juicio en una corte de Nueva York a partir del 24 de abril próximo. Lo que declare en la corte exhibirá de nuevo la necesidad de atajar toda porosidad de los Estados y castigar la venalidad de funcionarios que sucumben al oír los cantos de sirena del dinero sucio.