Bajo ningún motivo es válido ni legal que grupos violentos intenten imponer la inamovilidad y la inactividad productiva a través de bloqueos viales o amenazas contra comerciantes, desde tiendas de barrio hasta centros comerciales de la capital o la provincia. Grupos armados con palos y piedras han efectuado rondas de intimidación, con total impunidad. Es llamativa esta súbita multiplicación de supuestos manifestantes con rostros cubiertos, marcada hostilidad hacia transeúntes y comercios, armados con palos, cadenas y piedras. Y lo mismo cabe decir de grupos paramilitares, como los reportados ayer en videos de redes sociales, con armas de uso militar, efectuando supuestas rondas de seguridad que únicamente competen a la PNC o al Ejército.

Las manifestaciones y bloqueos viales que iniciaron el 2 de octubre para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, parecen haberse salido de control, por lo cual lo más sensato para los grupos que comenzaron las manifestaciones es deponer acciones para iniciar el diálogo mediado por una misión de la Organización de Estados Americanos. Esta apertura dejaría en evidencia a catervas agresivas de ocultas agendas.

Es inaceptable y legalmente punible el asedio e incluso allanamiento a la colonia residencial en donde supuestamente residiría la fiscal general o integrantes de su familia. Una cosa es la expresión de denuncia contra atentados a la democracia y otra, muy distinta, convertirse a su vez en criminales, a través de actos en contra de la integridad de cualquier funcionario público o de su núcleo familiar.

La Corte de Constitucionalidad ordenó al Ejecutivo procurar la liberación de tramos bloqueados, pero aún no se observan operativos de disuasión o esfuerzos tácticos en rutas neurálgicas en provincia. Mientras tanto, en áreas urbanas los ánimos se crispan, la psicosis cunde y los cierres se multiplican caóticamente en arterias metropolitanas, con el consecuente impedimento para miles de guatemaltecos de acudir a actividades laborales y estudiantiles, pues también el transporte público se vio suspendido.

La incursión de un grupo armado a una planta de Empagua es un atentado contra la seguridad pública que no debería quedar sin castigo. De allí es posible inferir la posibilidad de infiltración de extremistas cuyo único fin es sacar raja del caos y crear una atmósfera de zozobra que sirva de excusa para reprimir la defensa de la democracia, del estado de Derecho, del debido proceso y de la alternancia de poderes. A los impulsores de tales acciones no les importa Guatemala ni los guatemaltecos, mucho menos la democracia; quieren quebrar la economía nacional. Anoche, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación identificaron como infiltrados a quienes provocaron disturbios en la Plaza Central y prometen investigar.

La propia fiscal general debe analizar la posibilidad de dimisión a pedido de diversos sectores nacionales y eventualmente como posible punto crítico del diálogo, en el cual el propio gobierno de Alejandro Giammattei debería declarar su postura respecto de los ataques del MP en contra el TSE y el proceso electoral. Los manifestantes que afirmen tener motivación cívica deben demostrar cordura y retornar a sus casas a la espera de los resultados de las conversaciones, puesto que el paro económico golpea ya a campesinos, pequeñas empresas populares y comerciantes que dependen de las ventas diarias, es decir, a quienes supuestamente dicen defender.