Editorial

Corre el tiempo para mejoras a Ley Electoral

La Came debe presentar al Congreso una propuesta de reformas en abril.

Finalizó, al borde del asueto de Semana Santa, el ciclo de audiencias discusiones públicas de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), creada a partir de las reformas a la Lepp del 2016, después del proceso marcado por las protestas anticorrupción y procesos judiciales que condujeron a la defenestración del gobierno del extinto Partido Patriota. A la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para emitir propuestas participaron grupos ciudadanos, entidades gremiales, institutos de investigación, líderes migrantes y partidos políticos. Se generaron 1 mil 288 sugerencias de cambios.

Es ineludible evaluar la sombra del asedio judicial contra el proceso democrático impulsado por el Ministerio Público (MP) desde la primera vuelta electoral reciente, del 25 de junio, y sobre todo tras el balotaje del 20 de agosto. El propio TSE ha enfrentado procesos judiciales por supuestas anomalías en la compra del sistema de transmisión de datos preliminares y también inéditos operativos de allanamiento durante los cuales se efectuó un improcedente conteo de papeletas, que en un inicio fue negado por el MP, y luego la extracción de actas electorales, a fin de intentar sustentar un alegato de presunto “fraude” que amenazó la transición y, por consiguiente, la democracia.

Tal situación denota la necesidad de fortalecer en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), de rango constitucional, la superioridad del TSE en la materia, control de partidos políticos, plazos de impugnación y mecanismos de participación ciudadana. La Came debe presentar al Congreso una propuesta de reformas en abril. Es obvio que no se puede complacer a todos, pero una línea guía puede ser todo aquello que propicie la representatividad ciudadana y la oportuna cuentadancia de partidos políticos.

El financiamiento electoral es, sin duda, uno de los aspectos que más vulnerabilidad presenta y por ello es preciso apretar las tuercas a las organizaciones, a fin de que presenten informes detallados de ingresos y egresos, y no solo declaraciones formalistas que se ven desmentidas por actividades y despliegues electoreros. El riesgo de infiltración de dineros del narcotráfico y crimen organizado es constante, por lo cual los propios partidos deberían impulsar acuerdos para adaptarse a la rendición de cuentas.

La representatividad no se puede imponer mediante cuotas fijas que luego se conviertan en camisas de fuerza, pero sería oportuno impulsarla en la configuración, funcionamiento y mecanismos de postulación de candidatos en los partidos políticos y comités cívicos. Persisten caudillismos desfasados y reciclajes de exfuncionarios tránsfugas que reinventan cascarones electoreros. La ciudadanía depura el sistema al no votar por ellos y aun así se resisten a desaparecer, como el caso de ciertos partidos que procuran seguir vigentes aunque no llegaron al mínimo de votos.

La participación de los guatemaltecos radicados en Estados Unidos es otra de las demandas replanteadas, esta vez con la presencia de líderes de organizaciones migrantes que pidieron el empadronamiento automático al emitirse el DPI, la implementación de voto electrónico o poder elegir diputados. Es corto el tiempo entre el foro público de la Came y la formulación de la iniciativa de reformas al Congreso. Los legisladores deben tener claro que por sus frutos se les evalúa en tiempo real: los apoyos o resistencias a la auditoría de recursos y democratización interna marcará su futuro y el de sus agrupaciones. Lo mismo cabe decir de individuos que todavía tratan de revivir el acoso a los resultados electorales, pese a que fueron certificados y ampliamente observados.

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