Se le termina la pista de ambivalencia a la Corte Suprema de Justicia, electa por el contubernio Patriota-Líder en 2014 y cuyo período se ha prolongado por más de tres años y medio extra gracias a la desidia, dolo y argucias de la alianza oficialista del Congreso. Sí, el pase improvisado de la Corte de Constitucionalidad para que le diera seguimiento a un extraño amparo provisional con el que se ordenó una segunda revisión de resultados coloca a la CSJ ahora ante la mayor, más grave y pública disyuntiva de su período extemporáneo: fallar a favor de la democracia y la ciudadanía o fallarle por completo.

En esencia, el trabajo es simple y claro: ordenar la oficialización de resultados. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral ya les sugirió el camino, desechar cualquier pedido de conteo de votos. Después de dos semanas de las elecciones es imperativo que se certifiquen nombres, cargos y participantes de la segunda vuelta. Las segundas audiencias de revisión, efectuadas públicamente en atención al amparo provisional otorgado por la CC, demostraron que no hubo mayores errores en el conteo y consignación de sufragios. Se corrigieron unos cuantos descuidos y faltantes en digitación que no alteran las tendencias registradas desde el 26 de junio.

Tal amparo quedó sin materia al haberse cumplido con el cotejo y al haber refrendado las posiciones obtenidas por los partidos, tanto aquellos que van a seguir vigentes como los que van a desaparecer. Además, el recurso fue solicitado por nueve partidos, pero de ellos ya se ha desmarcado la mayoría; algunos incluso han ofrecido disculpas a la ciudadanía por haber sido partícipes del atraso en la oficialización de resultados y la puesta en riesgo de la segunda ronda.

Esta desarticulación de solicitantes constituye ya en sí un factor de juicio innegable. Únicamente empujan el recurso de ejecutoria los partidos Vamos, Valor y Cambio, este último de los hijos del expresidenciable y exconvicto Manuel Baldizón. Dicha solicitud a la CSJ fue avalada por la presidenta de este organismo, Silvia Valdez, quien declaró unipersonalmente que sigue suspendida la oficialización hasta que el TSE remita el informe de lo actuado. La orden emitida por Valdez no es una disposición de la CSJ, porque ella solo es la presidenta en funciones desde octubre de 2019, cuando debió ocurrir el relevo de magistrados. En todo caso, el pleno de la CSJ debe resolver a la brevedad posible conforme al informe y la solicitud del TSE, máximo ente a cargo del proceso electoral.

Existen ciertos sectores recalcitrantes y negacionistas que atentan contra los plazos electorales al reclamar un inviable e injustificable reconteo. Primero, porque ello sería un insulto a la honorabilidad de miles de ciudadanos guatemaltecos que participaron de manera voluntaria en las mesas electorales, a cargo de la recepción de votos y de su contabilización; segundo, porque crearía incertidumbre sobre la segunda ronda de elecciones y atrasaría el inicio de la campaña correspondiente; tercero, porque se trataría de un hecho jamás registrado en la historia democrática, no contemplado en la ley electoral y que requeriría de indicios ya descartados por el cotejo de actas.

La CSJ se encuentra ante una disyuntiva insoslayable: respetar la decisión del pueblo de Guatemala o favorecer intereses oscuros deseosos de sabotear un proceso electoral limpio y con ello incurrir en una especie de “serranazo” repudiable. No hay espacio para ambigüedades ni fallos verborreicos o discrecionales. Solo hay lugar para la continuidad de la democracia institucional.