A un mes de la convocatoria a elecciones generales, el escenario político guatemalteco se ve sacudido por el cuádruple requerimiento de extradición a Estados Unidos de dos alcaldes, un diputado al Congreso y otro representante, suplente, del Parlacén, todos por señalamientos de narcotráfico. Será revelador ver en qué sentido y con qué celeridad se mueven los engranajes de este trámite, específicamente en la Corte Suprema de Justicia, pues la decisión tiene desde ya implicaciones políticas, así como una reafirmación o ruptura de afinidades de magistrados con la alianza oficialista del Legislativo.

El Ministerio Público pidió el retiro de inmunidad del diputado José Armando Ubico Aguilar, representante por Sacatepéquez electo por la bancada Todos. Fue confeso y convicto por narcotráfico en EE. UU. en 2003, delito por el cual purgó 46 meses de prisión y fue liberado. En 2019 fue incluido en la llamada Lista de Corruptos del Departamento de Estado y pese a ello fue inscrito como candidato a legislador por Sacatepéquez por el anterior Tribunal Supremo Electoral. En el 2020, durante la inauguración de un proyecto carretero en ese departamento, el presidente Giammattei Falla dijo de él: “Agradezco profundamente la presencia del diputado Ubico, que a pesar de que ganó por otro partido ha sido un buen amigo y aliado”.

No es el único requerido por EE. UU. que tiene nexos cercanos con el oficialismo. El alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Marroquín Tupas, fue postulado en 2015 por el extinto Partido Patriota, reelecto en 2019 por Prosperidad Ciudadana y ahora se perfila al mismo cargo por el partido Vamos, con el cual ha efectuado y promocionado jornadas de afiliación en su localidad.

Crysthian Escobar, alcalde de San José El Rodeo, San Marcos, también figura entre las personas solicitadas por la justicia estadounidense, señalado de favorecer el traslado de drogas para carteles mexicanos. El cuarto antejuicio requerido es contra Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado suplente al Parlamento Centroamericano (Parlacén), señalado por EE. UU. desde marzo de este año de movilizar embarques de cocaína. Este legislador fue postulado por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), cuyo fundador, Mario Estrada, fue condenado a 15 años de prisión en febrero de 2020 tras declararse culpable de narcotráfico. El juez Jed S. Rakoff deploró en su sentencia que Estrada “vendió el país al cartel de Sinaloa”.
La cancelación de la UCN fue retardada, como la de otros partidos infractores, por el Tribunal Supremo Electoral.

Finalmente se anunció su supresión el 17 de octubre último, pero en el portal digital de la institución aún aparecía ayer como “en proceso de cancelación -insolvencia”. Al menos tres de los diputados electos por la UCN se pasaron al partido Vamos.
En esta ensalada de conflictos de interés, trasfondos políticos, deudas de favores y tácita procura de impunidades, el Ministerio Público tramita los mencionados requerimientos, que pasan de inmediato al Organismo Judicial pero que en última instancia quedan en manos del pleno de la CSJ, que ya ha desechado in limine numerosos casos contra allegados de la alianza oficial. Pero a menos de 30 días del inicio de la campaña electoral, con magistrados desgastados por más de tres años extra en el cargo y 37 extradiciones de guatemaltecos a EE. UU. durante 2022 —la mayoría por narcotráfico—, proteger a estos señalados representaría un alto costo. El TSE también se encontrará ante el dilema de inscribir o no a tales perfiles.