Entre mítines, vallas y rótulos, traslados terrestres o aéreos, caravanas y publicidad en redes sociales, los partidos políticos reportan, en plena campaña electoral, un gasto de Q9.8 millones, una cifra de suyo inverosímil, y que a todas luces resulta distante de la parafernalia desplegada por la mayoría de candidatos, sobre todo los presidenciales.

La limitada capacidad fiscalizadora del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sumada a la manifiesta parsimonia de sus acciones, han abonado a la sensación de laxitud en cuanto a la rendición de cuentas sobre aportes dinerarios o en especie, que por ley deben ser declarados en cuanto a montos y benefactores. Aunque se creó una unidad de control de medios para administrar la pauta publicitaria de los partidos políticos, es evidente que el cuantioso dispendio rebasa la cifra reportada en bloque. Estas omisiones, ocultaciones o descuidos constituyen graves infracciones electorales. Sin embargo, hasta el sol de hoy no han sido sancionados para sentar precedentes legales.

Las rifas y repartos de toda clase de artículos han proliferado en las actividades promocionales de candidatos a alcaldías, diputaciones y presidencia, en especial en áreas urbanas y rurales de provincia, aunque también en barrios metropolitanos. Dichas estrategias exacerban el clientelismo y menoscaban el legítimo y auténtico quehacer político. Se trata de un burdo y cruel aprovechamiento de la precariedad, que no soluciona problema alguno, pero que con ello intenta comprar la voluntad del ciudadano, prostituyendo así el núcleo del ejercicio de un sufragio consciente. Sin embargo, las autoridades solo atestiguan estos fenómenos, si es que acaso llegan a darse cuenta del mercantilismo latente.

Son deplorables los discursos de algunos exfuncionarios que ahora se postulan, quienes a falta de argumentos y a veces con señalamientos, ofrecen entregar dinero en efectivo a determinados grupos de la población si llegan a ganar. Lo intenta el oficialismo con los bonos otorgados a supuestos exmilitares o súbitos aumentos a pensionados. No son los primeros ni los únicos que exhiben su desesperación. Además de ser actos lesivos para el erario, constituyen una especie de cohecho.

Hace poco el TSE confirmó la multa a un partido político por incumplir con informes de campaña en el 2020 y 2021, por cuya omisión debió ser suspendido. Esto demuestra la lentitud con que los magistrados gestionan los procesos disciplinarios. Al asumir, hace tres años, detuvieron todas las sanciones, incluida la cancelación de organizaciones. Así rescataron de las llamas a varios partidos y solo clausuraron a la Unión del Cambio Nacional, por sus obvios e indefendibles nexos. La infiltración de dinero sucio, proveniente del narco, de la trata de personas, del contrabando o de la corrupción es el mayor peligro para el voto ciudadano.

En municipios fronterizos y de zonas costeras hay repartos de víveres, de camiones con piedrín o arena, agua potable o dinero en efectivo, con toda clase de pretextos y una condición incontrastable. Los partidos que permiten esos intercambios, pese a que se hacen los desentendidos y afirman desconocer estas artimañas, son cómplices del deterioro democrático. Anunciados convenios de cooperación del TSE con la Intendencia de Verificación Especial o la Contraloría General de Cuentas no han arrojado hasta ahora ningún resultado. En todo caso, la propia ley electoral no tiene dientes, porque se los quitaron los mismos que ahora se burlan de ella.