La palabra desfachatez es sinónimo de desvergüenza, descaro e indecoro. También, según el diccionario, se le puede asociar con desparpajo, insolencia, cinismo, procacidad, atrevimiento. Cada uno de esos conceptos aplica al repentino interés de la alianza oficialista del Congreso por acelerar la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, cuando han dejado pasar más de tres años y medio sin efectuarla, solo porque les resultaba más cómodo y súper conveniente un plazo “provisional” bajo la presidencia de Silvia Valdés durante 1 mil 382 días y seguimos contando.

Es obvio que los diputados, sobre todo los que no lograron reelección, están ávidos de amarrar aliados en el Organismo Judicial mediante su voto en el hemiciclo, de la misma forma que lo hicieron los extintos e indignos partidos Patriota y Líder en el 2014. La elección de magistrados en el 2019 quedó estancada debido a la detección de tráfico de influencias e intercambio de fidelidades a través de operadores y negociantes experimentados en toda suerte de amaños, sobre todo en los procesos de postulación de candidatos. Así surgió el caso denominado Comisiones Paralelas, que involucró a magistrados titulares de la CSJ que esta misma instancia libró de pesquisas.

Al hospital donde estaba internado por supuestos motivos de salud el empresario Gustavo Alejos llegaban magistrados, candidatos a ese cargo, parlamentarios y hasta un par de postuladores para negociar, en teoría, a escondidas de la ciudadanía, sus cuotas de influencia en una CSJ que todavía no ha llegado, puesto que fueron descubiertos. Ello, sin embargo, dejó vigente otra Corte electa en similares términos de opacidad y desfachatez politiquera.

Un fallo de la Corte de Constitucionalidad, de junio del 2020, estableció que la elección no debía efectuarse en masa, es decir, por planilla negociada, como se ejecutó en el 2014, sino de forma individual y de viva voz en el hemiciclo. Eso significaba que cada legislador debe declarar en público, ante el pleno y la ciudadanía, sus apoyos, posibles nexos implícitos y potenciales conflictos de interés.

Pero este sistema era demasiado decoroso, decente y respetuoso de la ciudadanía. En los dos años que el oficialista Allan Rodríguez dirigió el Congreso se atascó la agenda legislativa para la elección de magistrados. Se anotaba siempre como uno de los últimos puntos de la sesión y luego se levantaba, por razones de horario o falta de cuórum, cuando se llegaba al mismo. Igual ha ocurrido en el año y medio de Shirley Rivera, también de Vamos. Mientras tanto, la CSJ extemporánea participó con aquiescencia en elecciones de varios entes públicos con el pretexto perfecto: no podían abandonar los cargos, pero sí renunciar para obligar al Legislativo a elegir.

Aunque ya hay bancadas electas para la próxima legislatura, los vientos políticos no soplaron por donde muchos esperaban. Hay diputados con pedido de desafuero o pesquisa porque sacaron el cobre con sus acciones y quizá esperan un salvavidas en una potencial elección. Lo manejan con hermetismo y afirman que se hacen consultas a la Corte de Constitucionalidad, que por respeto a la ciudadanía y a la Carta Magna debe mantener el voto de viva voz como requisito mínimo de transparencia en un Congreso plagado de tránsfugas que ha perdido el tiempo en bagatelas. En todo caso, si eligen magistrados, su período solo cubre hasta el 12 de octubre de 2024, sin excusas ni tiempos extras.