Por más lágrimas o gestos compungidos que hayan puesto al referirse al tema de la desnutrición infantil, crónica o aguda, los politiqueros no pasan de tales dramatizaciones simplemente porque no les importa este problema que lastra el futuro de millares de niños y adolescentes desprovistos de las capacidades neuronales necesarias para un desempeño cognitivo óptimo que les permita un mejor aprendizaje escolar y un desarrollo corporal armonioso. Solo les interesa sonar convincentes para atrapar incautos, pero con el paso de los años, de las décadas, la magnitud de esta calamidad rebasa las excusas y desnuda las incoherencias entre discurso y acción.

Solo en enero último se detectaron 2 mil 756 niños menores de 5 años con cuadros de desnutrición aguda: 142 más que en enero de 2021, según cifras oficiales. Pero más allá de los números y las estadísticas, hay dramas de pobreza, de amaneceres sin desayuno y días completos con apenas un magro tiempo de comida. La repetición de este infausto ciclo condujo a la tumba a 61 infantes durante 2021. Posiblemente haya más casos, debido al subregistro. De hecho existen otros 97 aún en análisis para determinar la causa del final de esas vidas, segadas en silencio y olvido.

La pérdida de cosechas por sequía, la reducción de áreas para cultivos de subsistencia y la falta de oportunidades de trabajo son factores que con frecuencia se conjugan letalmente para privar a decenas de hogares del sustento diario. Es gente trabajadora que no encuentra un empleo, posiblemente por insuficiente o inexistente escolaridad, lo cual, a la vez, priva a los niños de alimentación, les dificulta el aprendizaje, y este es un círculo siniestro que sigue girando.

Otrora se veía la desnutrición como un síntoma del llamado Corredor Seco, pero, actualmente, departamentos considerados de gran actividad económica, como Escuintla y Retalhuleu, figuran entre los afectados por el hambre infantil. Dicha expansión no hace sino desnudar la ineficiente gestión de ministerios como el de Desarrollo y el de Salud. Y no es para menos: partidas destinadas a saneamiento de aguas, salud preventiva y provisión de nutrientes han sido recortadas para dotar de más fondos a programas clientelares y propagandísticos, tal el caso de los famosos comedores públicos, cuya ubicación dista de las áreas con mayor crisis.

Los congresos no escapan a la insensibilidad, indolencia e incoherencia. La sociedad guatemalteca tuvo que presionar a la anterior legislatura para que aprobara el proyecto Crecer Sano, destinado al combate de la desnutrición crónica. Cuando por fin lo hizo, diputados trataron de presentarlo como un logro político pero solo era símbolo de su cortoplacismo y miopía. Tristemente, en este mismo gobierno, so pretexto de la pandemia, se usó parte de los recursos de Crecer Sano para otros fines.

Los niños se están muriendo. Otros sobreviven, pero con la amenaza de limitaciones. No se trata de buscar culpables, sino de encontrar soluciones y decisiones, que se mantengan en gobiernos subsiguientes, sin que medien rencillas, extorsiones ni búsqueda de coimas inmundas. No se necesitan más diagnósticos ni planes de gobierno que repitan la perorata lastimera, se necesita, ya, de un acuerdo nacional serio, intersectorial y multipartidario para acabar con el hambre infantil en un país con tantas riquezas y récords de crecimiento económico.