La decisión soberana que tomará hoy la ciudadanía guatemalteca en la segunda vuelta electoral presidencial debe ser respetada sin interferencias, subterfugios ni detracciones de funcionarios, políticos o grupos alineados con oscuros intereses antidemocráticos. Las denuncias de primera vuelta fueron desmentidas en un doble cotejo público efectuado por los propios ciudadanos que de forma voluntaria prestan su servicio en las juntas electorales.

La gran fortaleza del sistema guatemalteco de elecciones radica en su integración cívica y en un desarrollo de actividades abiertas a la supervisión de otros ciudadanos, ya sean fiscales de partidos u observadores nacionales e internacionales. Los canales de denuncia están abiertos, pero deben seguir un debido proceso a cargo de las autoridades instituidas para tal fin: el Tribunal Supremo Electoral. Cualquier otro tipo de intervención, presión, acoso o asedio, ya sea discursivo o a través de intimidaciones leguleyas, resulta sospechoso y es una afrenta contra la dignidad ciudadana.

Guatemala ha tenido, desde su propia emancipación política de España, una historia sacudida por polarizaciones entre bandos que se disputan poderes, prebendas y potestades, detrás de los cuales siempre hay intereses subyacentes. No está mal tener pensamientos distintos, abordajes discordantes, ideas contrarias: lo malo es cuando la cerrazón impide el diálogo y los dogmatismos ciegos intentan imponerse para cegar la razón y no ver los datos y las evidencias del rezago en el desarrollo.

Los electores guatemaltecos deciden hoy en la mesa de votación, de manera secreta, consciente, responsable y libre, la ruta que consideren más acorde a sus aspiraciones, principios y esfuerzos. Las ofertas están sobre la mesa. En Prensa Libre y Guatevisión hemos puesto, como en cada proceso electoral, nuestro mejor esfuerzo por brindar información veraz, con imparcialidad y equidistancia, con el propósito de que cada guatemalteco cuente con los criterios de análisis y contexto necesarios para ejercer su derecho al voto, que no puede ser vedado ni presionado por nadie.

Solo resta esperar que los binomios participantes y sus respectivas organizaciones, partidarios y simpatizantes tengan suficiente respeto y dignidad para acatar los resultados sin caer en reclamaciones imprudentes o invectivas falaces en contra de la propia ciudadanía que participa en las juntas de mesas y centros de votación. La certeza jurídica no solo es un discurso, sino una actitud de integridad ética que también podría llamarse madurez política.

La semana próxima comienza la transición y con ella el inicio de los esfuerzos del partido electo dirigidos a cumplir los compromisos adquiridos desde tarimas, foros y videos publicitarios. La campaña, como tal, terminó el viernes último y eso deben entenderlo todos los partidos con representación en el Congreso y alcaldías: necesitan superar rivalidades para trabajar, como es su deber, en una agenda común de Estado junto con el próximo gobierno. A fin de cuentas, todos ofrecían lo mismo: mejorar la educación, rescatar la infraestructura, brindar seguridad pública y potenciar la productividad para generar empleo. Guatemala es la misión.