Hace dos décadas, un fiscal general caracterizado por el carácter discrecional de su gestión solía decir en conversaciones coloquiales: “Para mis amigos, mi mano; para mis enemigos, la ley”, expresión que aludía a la potestad para ayudar a quienes considerara allegados y potenciales aliados o emprender ofensivas judiciales en contra de adversarios y críticos. Cuando terminó el período del mandatario que lo nombró —que a su vez fue prófugo y convicto confeso de corrupción—, el gobernante siguiente lo destituyó precisamente a causa de sus relativismos, abusos y oscuros nexos. Este episodio ejemplifica los extremos y limitaciones del terrorismo judicial, entendido como el uso venal o en detrimento de garantías de las facultades conferidas por el soberano pueblo.

La muestra más reciente de discrecionalidad y total irrespeto al marco institucional de Guatemala es la resistencia del Congreso de la República a elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. El organismo dirigido durante dos años por el diputado de Sololá Allan Rodríguez y actualmente por la diputada Shirley Rivera se reserva el infundado derecho de seguir postergando dicho relevo, que debió ocurrir en octubre de 2019 y que ha mantenido a la anterior cohorte de magistrados durante tres convenientes años extras, que se cumplen el próximo 13 de octubre, y sin visos para empezar. La fiscal general mantiene silencio, pese a que el MP destapó los vicios que frenaron el proceso en su momento.

La alianza oficialista sigue sin elegir a las próximas autoridades del Organismo Judicial —del período legal solo restan dos años— porque no quiere ver exhibidos sus tráficos de favores, no quieren votar de viva voz, como se los ordenó la CC: para sus amigos, cargos; para la ciudadanía, hermetismo.

En esa misma línea de resoluciones sistemáticas y convenientes está la reinstalación de la exmagistrada Blanca Stalling, separada del cargo en 2017 por decisión del Consejo de la Carrera Judicial, debido a señalamientos de tráfico de influencias denunciados por el juez Carlos Ruano, quien la grabó cuando le sugería otorgar medida sustitutiva a su hijo Otto Molina Stalling, exasesor del Seguro Social acusado y condenado en el caso IGSS-Pisa por compra anómala de medicamentos.

Tras su desafuero, Stalling intentó fugarse disfrazada con una peluca, y además llevaba un arma, pero fue detenida. Su proceso tuvo múltiples dilaciones y en el camino fue incluida en la lista Engel de actores corruptos designados por el Departamento de Estado de EE. UU. En junio último, el juez Víctor Cruz decidió no enviarla a juicio y desechó las acusaciones. Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, decidió no apelar el fallo. Arguyó deficiencias en las pesquisas y con ello se descartó incluso la evidencia principal: la grabación hecha pública por el juez Ruano, quien ahora teme represalias. Paradójicamente, en otros casos con claras animadversiones se admiten grabaciones hechas bajo dudosa legalidad.

El 14 de septiembre, un día después de cumplir 35 meses de excedencia, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia admitió la reinstalación de la magistrada Blanca Stalling, con todo y la pretensión de Q5.7 millones en salarios que no devengó. Hubo cuatro votos en contra de su retorno, precisamente por las contradicciones éticas y legales que marcan el proceso y al país. Pero los tiempos y las fidelidades cambian, sobre todo a las puertas de un inédito proceso electoral. Los diputados deben designar nueva CSJ y en ese proceso deberán elegir entre el voto popular o sus afinidades pactadas.