Para ser un ministerio que no tenía ni la más remota idea en qué proyectos viales iba a utilizar la discrecional ampliación de Q3 mil 191 millones —no utilizados en el 2021—, resulta más que sospechoso que en menos de año y medio se declaren repartidos y gastados los fondos, sobre todo porque existen varias carreteras inconclusas y como ya pasó la euforia electoral, poco importa a los diputados distritales, y menos a la alianza oficialista, auditar el avance, la calidad o la conclusión de las obras.

La acelerada ejecución de dichos fondos hace recordar la rima que ironiza respecto del último año de los gobiernos: “en el año de Hidalgo, tonto el que deje algo”. Era obvio que tal botín millonario tenía como objetivo el muy bien llamado “asfalto electoral”, pero también asegurar las alforjas de financistas y contratistas locales con intereses comerciales e incluso familiares comunes con alcaldes y diputados. En suma, inverecundos conflictos de interés para medrar a costa del erario.

“Con esta ley Guatemala contará con mejores carreteras”, rezaba con engaños el titular de la nota publicada por la página del Congreso el 15 de marzo del 2022. El nombre del decreto 21-2022 también resultaba sardónico: “Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica”. Basta ver algunas cifras generales reportadas por la cartera de incomunicación, cuyo departamento de relaciones públicas se negó a brindar información que debería estar disponible de oficio. Arguye que se debe pedir por la vía de la Ley de Acceso a la Información, que demora cuando menos 20 días. Aun así, despierta suspicacias cómo en año y medio se gastaron Q1 mil 901 millones en “rutas centroamericanas”.

También se ejecutaron, en teoría, Q367 millones en “rutas nacionales”, Q480 millones en “rutas departamentales”, Q113 millones en “asistencia técnica y adquisición de puentes”, Q39.2 millones para “construcción y mejoramiento de carreteras”, Q217 millones para “construcción de puentes” y Q167.6 millones en “infraestructura educativa”. Cabrá cuestionar si la Contraloría General de Cuentas ya está trabajando en la verificación de estos gastos y la forma en que obra el gobierno.

Todo este recuento de gastos y dudosa gestión vial a cargo del ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, quien ni siquiera tiene el título de ingeniero civil, viene a colación ante el desastre mayúsculo acontecido la semana pasada en el km 17.5 de la ruta al Pacífico, una carretera nacional “centroamericana”. Este socavón no ocurrió de la noche a la mañana, pero afecta un tramo que fue recapeado de febrero a abril por Covial, dependencia de la citada cartera. Es muestra de negligencia, incapacidad y descontrol administrativo no haber revisado el paso del río Platanitos debajo del tramo siniestrado. Sin embargo, a la fecha, Maldonado no ha dado ni una sola declaración pública para asumir responsabilidades o trasladarlas a alguna dependencia.

El impacto económico del hundimiento crece día a día. Están en peligro de atraso o pérdida exportaciones, actividades comerciales, suministros vitales y competitividad nacional, y pese a ello, no se ha pronunciado el presidente Alejandro Giammattei para asumir o señalar responsabilidades y consecuencias. Ya no hay recursos disponibles de la ampliación “estratégica”, de manera que hará falta ver de dónde pretenden sacar los fondos y qué tipo de propuesta plantean a 160 días del fin del presente mandato.