Donald Trump ha vuelto a agitar el hormiguero político de Washington al oficializar su polémica declaración de emergencia que le otorga poderes especiales y le permite tomar recursos de cualquier oficina y destinarlos a la construcción del muro en la frontera con México.

Es tan polémico el acuerdo que corre el riesgo de ser impugnado y rechazado por el Congreso de Estados Unidos si los republicanos y demócratas consideran que el mandatario abusa de su poder y busca eludir al Congreso al insistir en apuntalar su promesa de campaña, consiguiendo recursos a cualquier costo.

Lo primero que deben dilucidar los congresistas es valorar si el decreto presidencial realmente busca atender una emergencia o no. De eso dependerá el futuro de esta medida, utilizada por varios presidentes desde 1976, cuando fue aprobada como Ley Nacional de Emergencias, y en la mayoría de los casos ha sido utilizada para atender desastres, aunque uno de los casos más recientes es el que dio Trump al justificar una serie de acciones contra el gobierno de Nicaragua.

Como nadie duda que la medida adoptada por Trump tiene claros propósitos electorales, eso dificultará la posibilidad de un acuerdo bipartidista para que el Congreso pueda rechazarla, sobre todo porque difícilmente un alto porcentaje de los republicanos iría contra la decisión presidencial, aunque sea un proyecto evidentemente impulsado de cara a la próxima contienda electoral.

Del lado demócrata, en cambio, ya suenan los tambores de guerra para poner freno a la nueva iniciativa de la Casa Blanca, que claramente no busca atender una emergencia, sino más bien es visto como un paso hacia su reelección en 2020, que podría marcar la continuidad de un particular estilo de gestión, o tener un final abrupto, si antes la justicia no detiene sus intenciones electorales.

Si los demócratas logran convencer a un buen número de republicanos de que la declaratoria de Trump es injustificada y solo busca aplicar medidas extremas a una supuesta crisis que solo ha existido en su entorno, podrían acudir a las cifras que evidencian que las personas que buscan entrar a Estados Unidos por la frontera sur han descendido en más del 50% en el último año, lo que ratifica la falsedad de los argumentos del presidente.

Si se logra frenar ese decreto, el Congreso puede desautorizar la acción del presidente y ambas cámaras pueden promulgar una nueva resolución para ponerle fin a la emergencia, aunque el mandatario tiene la potestad de vetar cualquier decreto legislativo, lo cual obligaría a ambas cámaras a reunir tres tercios de los votos para ponerle una barrera al proyecto estrella de Trump para aspirar a la reelección.

La decisión bicameral es una de las rutas con las que se enfrenta Trump para seguir adelante con su proyecto, pero tampoco se descartan acciones por la vía judicial, ante el difícil escenario que se plantea en el Congreso. Aunque la mayoría de los estadounidenses desaprueban la acción presidencial, Trump cuenta con un núcleo duro de sus votantes que respalda su acción, lo que también condicionará el voto bipartidario.

El punto más polémico de esta nueva decisión de Donald Trump es que abre un camino hacia las medidas de hecho, muy al estilo de los regímenes latinoamericanos, dados al irrespeto de la institucionalidad y al manipuleo del poder en beneficio propio.