Editorial
Enfermedad renal es epidemia silenciosa
Es urgente y necesario revisar las finanzas del Ministerio de Salud para conocer las causas reales por las que se acumuló esta deuda.
Guatemala es uno de los países con mayor incidencia de enfermedad crónica renal a escala continental: cada año se diagnostican unos 200 casos, los cuales se suman a una presa creciente que en la actualidad abarca unos ocho mil pacientes. Quizá podría ser mayor debido al subregistro ocasionado por la falta de acceso a atención médica en ciertas regiones del país. Guatemala, Santa Rosa, Escuintla y Petén se encuentran entre los departamentos con mayor cantidad de reportes.
Este cuadro se convierte en un calvario de por vida, pues precisa de diálisis, ante la imposibilidad de que los riñones limpien la sangre, dicho sea en términos coloquiales. En casos extremos llega a ser necesaria la hemodiálisis, que requiere de tecnología actualizada y funcional, la cual es provista por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc), cuyas instalaciones suelen permanecer repletas y en perenne lista de espera. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también presta este servicio a pacientes afiliados y existen algunas fundaciones que lo brindan a costo asequible. Aún así, no se dan abasto, sobre todo para la población de la provincia.
No obstante, Unaerc atiende a una mayoría de pacientes, los cuales en este preciso momento afrontan la amenaza de quedarse sin servicio, debido al arrastre de una deuda de Q102 millones a proveedores. El agotamiento de suministros, sobre todo de diálisis peritoneal, en la sede central de la zona 1, significaría prácticamente una sentencia de muerte para unos 800 guatemaltecos. Algunos han sido enviados a sedes en Villa Nueva y Escuintla, para no interrumpir los tratamientos, pero en estos tiempos de tránsito intenso y escasos recursos económicos también eso constituye una dificultad adicional para los enfermos.
Es urgente y necesario revisar las finanzas del Ministerio de Salud para conocer las causas reales por las que se acumuló esta deuda, la cual debe ser solventada para bien de los pacientes. Además se deben evaluar los costos y la posibilidad de que los fármacos, de la misma calidad, se puedan comprar a costos más favorables mediante el programa de Naciones Unidas Unops, que ya ha probado su efectividad en la dotación de medicamentos.
Cabe recordar el abyecto caso IGSS-Pisa, consistente en la adquisición amañada de tratamientos que ocasionaron la muerte de 49 personas, debido a su deficiente calidad. Esos decesos y las denuncias originaron una investigación que llevó a múltiples capturas y a un proceso en el cual se llegaron a escuchar irónicas e irrespetuosas expresiones sobre la limitada expectativa de vida de los afectados, algo que no tenía nada que ver con la provisión de un servicio de calidad. Hubo juicio y condena, pero esta fue anulada por la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Constitucionalidad se encargó de ponerle la tapa al pomo de impunidad al confirmar la anulación.
El vigilante Ministerio Público bien podría emprender pesquisas acerca de tan abultado adeudo. Si se preocupa por variaciones de la deuda electoral, bien podría hacer caso a los manejos financieros que ponen en riesgo vidas guatemaltecas. Por otra parte, es necesario que Salud emprenda una intensa campaña de prevención en favor de la salud renal. Si bien puede haber alguna predisposición, también hay ingestas que precipitan la crisis. El Colegio de Médicos, junto con urólogos y nefrólogos asociados, también podría hacer historia al difundir datos, cifras y consejos para frenar la incidencia de este mal.
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