Sin deseo alguno de agraviar u ofender, mucho menos de coaccionar, intimidar ni generar animadversiones, pero con la firme y constante convicción de defender la libertad fundamental de emisión del pensamiento de todo ciudadano, pilar del legítimo estado de Derecho, es preciso salir al paso de declaraciones e interpretaciones legalistas que atentan contra el espíritu democrático y, por ende, contra el bien común y garantías como la libertad de acción y el derecho de petición.

El fiscal Rafael Curruchiche presentó ayer una solicitud de retiro de antejuicio contra el ciudadano y candidato presidencial Edmond Mulet, a quien señala de supuesta coacción e intimidación a funcionarios del sistema de justicia por haber solicitado un proceso de desafuero contra el juez Jimi Bremer al señalarlo de posible violación a la Constitución y otros dos delitos por avalar una pesquisa contra periodistas solicitada por la fiscal Cinthia Monterroso por delitos similares por los que ahora se intenta imputar a Mulet, lo cual es llamativo porque se vuelven a invocar artículos de la Ley contra Crimen Organizado.

En un comunicado, el MP señala a Mulet de “exponer, denigrar y generar odio” (sic) por los comentarios expresados durante la conferencia de prensa del 6 de marzo, en la cual manifestó su rechazo a la pesquisa contra periodistas de elPeriódico a causa de sus publicaciones y críticas, las cuales se encuentran amparadas no por uno, sino por dos artículos: el 5 y el 35 de la Constitución.

El 5, sobre Libertad de acción, indica que ninguna persona podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones, y el 35, pétreo, establece que no constituyen delito las denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.

El fiscal Curruchiche señala a Mulet de no formar parte alguna del proceso contra Zamora, lo cual no lo priva de defender como ciudadano la libertad de expresión que constituye el fondo de todo el asunto. De hecho, una sala requirió un informe al juez Bremer sobre la resolución mediante la cual avaló la investigación contra periodistas por sus opiniones y posturas, pero esto es por otra petición distinta de antejuicio interpuesta por Acción Ciudadana. Por otro lado, Curruchiche señala a Mulet de querer publicitarse, una opinión a la que el fiscal también tiene derecho, pero que sería en todo caso una hipótesis ajena y no vinculante.

Para ejercer una “coacción” como la que alude el fiscal es necesario tener una posición, una ventaja o ejercer un poder conferido del que Mulet carece, porque solo es un candidato. Respecto de la supuesta incitación al “odio” o la “denigración”, entonces tendría que efectuar, por orden temporal, una extensa investigación para identificar a las hordas de netcenteros intolerantes, supuestas fundaciones y grupos que insultan, amenazan y hasta predicen sentencias contra quienes no actúan según sus deseos, incluidos jueces y fiscales. Sin embargo, en todo caso, hasta dichas invectivas y posturas extremistas están amparadas por la libertad de expresión, a menos que inciten a la violencia, promuevan el racismo u otra transgresión constitucional.

En pleno proceso electoral y a las puertas del inicio de la campaña, una petición de antejuicio con semejantes argumentos coloca a la autoridad superior de Curruchiche, Consuelo Porras, en el centro de una polémica innecesaria, pero grave. Enmendar la plana a un subalterno no siempre es sencillo, pero sí lo más adecuado cuando una acción vulnera garantías ciudadanas por sus implicaciones y riesgos.