Amplio revuelo nacional e internacional ha generado el extraño amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad que ordena al Tribunal Supremo Electoral la suspensión temporal del proceso de oficialización de resultados y adjudicación de cargos. Por su dimensión e implicaciones constituye un fallo prácticamente inédito, tras un proceso eleccionario que también arrojó un resultado sin precedentes, el cual, guste o no, debe ser respetado porque es la decisión ciudadana depositada en las urnas. El respeto total a esta expresión popular es por lo que se clama y se reclama.

Es contradictoria la actitud de ciertas figuras presidenciables, que primero expresaron su respeto a los resultados y, por ende, a la ciudadanía, a pesar de no haber sido favorecidos. Sin embargo, a los tres días, sus partidos y abogados desmentían eso al pedir una nueva revisión e incluso presentaban denuncias ante el Ministerio Público solo por haber perdido y no estar contentos con el resultado. Invocaron supuestos fraudes a pesar de los informes emitidos por la amplia observación nacional e internacional desarrollada en los comicios, los conteos y los reportes de resultados.

A esto se suma la circunstancia de la solicitud y resolución del amparo de marras, a las puertas de un feriado largo. En otra época quizá funcionaba divulgar una disposición polémica en ocasiones así, para cumplir con el formalismo y evitar reacciones. Pero en tiempos digitales cualquier anuncio oficial corre como la pólvora, sobre todo a menos de una semana de las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral expresó su acato a la orden de la Corte de Constitucionalidad, la cual, por cierto, no le dará seguimiento a su orden. Falló, pero luego trasladó el caso a la Corte Suprema de Justicia.

Es necesario, para los epígrafes de la historia, recordar que los partidos solicitantes del extraño amparo provisional son la agrupación oficialista Vamos, la Unidad Nacional de la Esperanza —cuya presidenciable pasó a segunda vuelta—, Cabal -cuyo candidato quedó en quinto lugar—, Valor -cuya candidata presidencial quedó en sexto puesto, y otras organizaciones como Cambio, Mi Familia, Azul y Creo, que en la votación presidencial tuvieron el 1% de votos o menos. Uno de ellos, el partido Podemos, se retractó ayer del pedido de amparo, aunque ya era tarde, pues la orden de la CC ya estaba emitida.

En este escenario incierto debe prevalecer la serenidad de los partidos, sus directivos y correligionarios, de los magistrados electorales, de los integrantes de juntas electorales y de la ciudadanía. No es apatía o indiferencia, sino serena vigilancia para efectuar el cotejo con pertinencia y absoluto resguardo de la integridad de documentos electorales, incluidas actas y papeletas. Sería repudiable toda intención, si la hubiere, de alterar, dañar o, peor aun, interferir con la voluntad ciudadana depositada en esas cajas. Sería un delito gravísimo y muy evidente.

La democracia guatemalteca ha vivido momentos álgidos y este es uno de ellos. La misión del TSE es asegurar esa revisión de datos en presencia de fiscales de todos los partidos, observadores y medios de comunicación que son los ojos y oídos de la ciudadanía. Policía y Ejército pueden brindar alguna seguridad perimetral, pero jamás entrar en contacto con los materiales del proceso electoral, que son propiedad de la ciudadanía bajo potestad del TSE. En esta tarea es vital el carácter de “Supremo”, como garante histórico y máximo responsable de la legítima continuidad institucional. Este es el momento crítico para demostrar que sirven a la ciudadanía y a nadie más.