Otro nuevo episodio de secretismo gubernamental se suscita a raíz de la cita, el próximo lunes, entre los presidentes Jimmy Morales, de Guatemala, y Donald Trump, de EE. UU., en un contexto agitado por el inicio de las primeras redadas contra indocumentados en ese país, específicamente en Immokalee, condado de Collier, Florida, en donde habita una numerosa comunidad de guatemaltecos que vive en pavor, ante la posibilidad de deportaciones, sin que hasta el momento el Gobierno se haya pronunciado vehementemente en su defensa, como no lo ha hecho tampoco en el caso de los abusos y maltratos en centros de reclusión.

Al ser consultado el vocero presidencial sobre si el viaje a la Casa Blanca obedecía a un acuerdo de tercer país seguro, que dejaría a Guatemala como repositorio de migrantes en espera de una resolución en
EE. UU., respondió de manera ambigua, pues se limitó a decir que el presidente no iba a firmar nada. Expertos en política exterior acotan suspicazmente que una medida bilateral de ese tipo podría concretarse incluso con un anuncio conjunto entre los mandatarios, lo cual, de suceder, sería una irresponsabilidad, ya que sectores económicos, sociales, académicos e incluso los dos presidenciables en contienda han expresado su desacuerdo a causa de la difícil situación del país.

Pareciera que el Gobierno no aprende de sus errores. El despropósito del súbito viaje a Argentina para fraguar una compra inconsulta, opaca y ahora fallida no resultó suficiente moraleja para aprender que la verdad siempre sale a luz. Las sospechas acerca de la reunión en Washington se acrecentaron ayer después de que la revista New Yorker divulgara supuestos detalles del acuerdo, según los cuales Guatemala se tornaría en una especie de sala de espera para cualquier peticionario de asilo que EE. UU. decida enviar, a cambio de alguna concesión que difícilmente compensaría el impacto de tal cúmulo de refugiados.

Si esa es la finalidad del acuerdo, el presidente Morales debería reconsiderarlo, primero porque se encuentra en el tramo final de su período y toda decisión impacta al siguiente gobierno; segundo, porque el tema se ha manejado a espaldas de la población; tercero, porque el plan de marras solo forma parte de la estrategia electorera de Trump para crear la impresión de que su política migratoria funcionó, cuando en realidad sus medidas de choque la agravaron a niveles inéditos. Finalmente, pero no menos importante, es la soberanía nacional que tantas veces Morales usó de pretexto para otras medidas. En este caso estaría cayendo en un entreguismo ominoso que podría ser rayano con la ilegalidad.

Para combatir la migración se necesita una estrategia seria de desarrollo, que propicie la generación de empleo y las mejoras en indicadores de salud y educación. Más lograría EE. UU. si apoyara la superación de las causas del éxodo. El presidente Morales debería demandar más apertura del mercado estadounidense y una reducción del proteccionismo que el mismo Trump ha propugnado. El sector exportador guatemalteco tiene potencial para generar más trabajo e ingresos en comunidades, pero se necesita de una voluntad política real para abrir las puertas a la competencia El presidente debería llegar a Washington para plantear un diálogo digno, proyectos viables y demandar respeto para los migrantes que alguna vez aprovechó para su campaña, y no para someter al país a una imperdonable afrenta histórica.