Una hipótesis inicial: De no haberse promulgado en 1989 el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y en 1990 la oficialización legislativa de la Reserva de la Biósfera Maya, integrada por varios parques nacionales, la destrucción ecológica en el país sería mucho mayor. Ello puede colegirse del deterioro forestal y ambiental registrado en zonas sin protección, pero sobre todo de la destrucción ocasionada en parques nacionales, pese a restricciones legales que imperan sobre su uso agrícola, ganadero o urbanístico.

Las áreas forestales protegidas, en todas las zonas climáticas del país, se encuentran bajo constante asedio de invasiones, cambio de uso de suelo, apropiación indebida mediante trámites amañados o incursiones del narco, lo cual conecta con aristas de corrupción. A menudo se intenta justificar ese daño mediante invocaciones del desarrollo económico, industrial, productivo y agrícola. Sin embargo, los argumentos quedan sin fundamento al comprobarse su inviabilidad ambiental a largo plazo y el alto costo de oportunidad que representa la extinción de bosques milenarios.

Es más rentable, sostenible y ventajoso —demostrado está— el aprovechamiento ecoturístico con enfoque comunitario de esas regiones. La mejor demostración de este abordaje se encuentra a la vista en países como Costa Rica, Colombia, México y Estados Unidos, en los cuales las zonas de conservación constituyen fuertes atractivos para visitantes, nacionales o extranjeros. Aquí mismo en Guatemala es notorio el atractivo de bosques de Petén, Alta y Baja Verapaz o Izabal para turistas de diferentes latitudes, pero aún así los esfuerzos por proteger esos recursos quedan a merced de tratos y conveniencias politiqueras.

La Ecología es un estudio científico de las interacciones entre seres vivos —de los cuales somos parte los seres humanos— y las características geográficas. Con frecuencia, los apologistas de la conservación ambiental son tildados de exagerados o histéricos. Las proyecciones científicas que hace tres décadas eran calificadas de alarmismo se comprueban hoy en los efectos del cambio climático, los desbalances en el régimen de lluvias, que a la vez golpean la productividad agrícola; además se pueden mencionar los cada vez más frecuentes desastres “naturales”.

Existe un creciente deterioro de la disponibilidad de agua potable, agravado por la contaminación de ríos, lagos y mares con desagües de comunidades urbanas y rurales. A esto se suma el alud de desechos sólidos provenientes de basureros clandestinos y disposición irresponsable de basura. Aunque pareciera obvia y creciente la necesidad de atajarlos, todavía existe necio rechazo a implementar soluciones. La prueba más reciente es la oposición de municipalidades y recolectores a la entrada en vigor del Reglamento de Clasificación de Desechos, que si bien no es la panacea, constituye un paso impostergable. El precedente del reglamento de aguas servidas es nefasto, pues fue emitido en 2006 y todavía no se cumple a escala nacional.

La misión de rescate ambiental debe ser integral, intensa y urgente, pues de ella depende la sustentabilidad de la vida humana. Lamentablemente suele ser relegada por intereses politiqueros y conveniencias cortoplacistas. La diferencia es que el tiempo se agota para salvar bosques, lagos, ríos, manantiales, mares, manglares, flora, reptiles, batracios, aves y también mamíferos, de los cuales también formamos parte los seres humanos.