Hasta el 23 de marzo, el monto de remesas enviadas por migrantes guatemaltecos mantenía su tendencia al alza y alcanzaba la cifra, sin precedentes, de U$3 mil 967 millones, lo cual hace prever que el mes cerrará arriba de los US$4 mil millones, con lo cual este dinero esforzado, obtenido a base de grandes sacrificios y a menudo fruto de desempeñar dos o tres empleos en Estados Unidos, se consolida como un pilar fundamental de la estabilidad económica, aunque el oficialismo la promocione ambiguamente como logro en vallas propagandísticas. En todo caso, el Estado tiene, a partir de este ingreso de divisas, una enorme deuda con los migrantes guatemaltecos.

Sin embargo, a pesar de tan absoluta importancia, los connacionales radicados en EE. UU. siguen relegados en cuanto a la provisión de trámites consulares, asistencia legal migratoria, apoyo diplomático e integración para la participación política. Algunos exdirigentes migrantes han terminado de diputados en el Congreso, sin que esto haya ayudado a mantener una defensa digna, sólida y coherente de las necesidades de esa población que se vio obligada a huir de la pobreza, el desempleo y la violencia.

El actual mandatario, Alejandro Giammattei Falla, hizo campaña en comunidades migrantes. En noviembre de 2020 se solicitó por medio del canciller un estatus de protección temporal (TPS en inglés), similar al que ya tienen desde hace muchos años migrantes de Honduras, El Salvador o Nicaragua. En junio de 2021, Giammattei reiteró la solicitud a la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, de visita en el país. Pero quizá la mejor oportunidad de planteársela al gobernante Joseph Biden era la Cumbre de las Américas, a la cual el mandatario guatemalteco no asistió por motivos de “agenda”.

Queda claro que los 20 consulados guatemaltecos en EE. UU. no se dan abasto para la enorme cantidad de trámites requeridos por connacionales; se efectúan jornadas de “consulados móviles” que suelen verse abarrotadas, según reportes de los propios usuarios. La Cancillería insiste en publicitar estas actividades, pero el cuestionamiento de fondo es por qué en tiempos digitales dicha tarea sigue requiriendo desplazamientos físicos, largas filas y esperas, así como la exposición de los ciudadanos al asedio de tramitadores y comisionistas que hacen aún más tortuosas las gestiones. En lugar de eso debería existir un sistema digitalizado que incluya videocitas, en horarios accesibles y sin obligar a los connacionales a incurrir en gastos innecesarios en traslados.

Aún circula en redes sociales el reciente exabrupto protagonizado por el diputado oficialista, actualmente en busca de reelección y exactivista migrante Carlos Roberto Calderón frente al consulado guatemalteco en Los Ángeles, California. Señalaba el cobro por citas de trámites, pero en el cruce de señalamientos con otras personas sale a luz que también él y familiares tienen una oficina dedicada a ese negocio.

Solo en 10 consulados de EE. UU. existe una ventanilla del Registro Nacional de las Personas, pese a ser un servicio básico. El servicio en línea de esta entidad también es deficiente y, en un efecto dominó, la falta de documento personal de identidad, sumada a las limitaciones tecnológicas del TSE, fue una de las barreras que continuaron la tácita exclusión de guatemaltecos migrantes del proceso de empadronamiento. No faltan voces que acusan su estadía fuera del país y por qué van a decidir sobre asuntos nacionales. Sin embargo, sus remesas sí son incluidas y presumidas por los gobiernos como parte del producto interno.