A propósito de la declaratoria de estado de Sitio en 22 municipios del nororiente del país, motivada por la muerte lamentable —y aún sin esclarecer plenamente— de tres integrantes de la marina nacional, en la aldea Semuy 2, El Estor, Izabal, cabe acotar que durante el presente año dicho departamento ha sido uno de los que ha tenido mayores índices de muertes violentas sin que las autoridades de Gobernación se hayan tomado antes la tarea de emprender operativos serios, sistemáticos y con seguimiento de resultados en contra de grupos irregulares, no en el último mes ni en el último año, sino en los cuatro años anteriores.

También resulta necesario esclarecer y divulgar las razones tácticas y operativas por las cuales el grupo de marinos guatemaltecos efectuaba un patrullaje sin mayor apoyo logístico en un territorio de alta sensibilidad. Tal información, sobre directrices de mando debe divulgarse, no solo como una muestra de transparencia, sino como la mejor forma de honrar a los efectivos que fueron ultimados o heridos en este confuso incidente que algunos ya aprovechan para intentar remover el fango de la polarización que empantanó al país por 36 años. Si se oculta esta información para proteger a cuadros que pudieron tomar malas decisiones se podría estar incurriendo en una ilegalidad tan nociva como la que se persigue.

El aval del Congreso al estado de Sitio tiene sus propios entuertos legales a causa de la afanosa incapacidad con que fue redactado el decreto, pero a su vez se encuentran en una especie de limbo causal las verdaderas razones por las cuales se definió el área afecta a esta suspensión de derechos. Si bien podría justificarse bajo la óptica de que abarca un corredor de tráfico de drogas, es obvio que la alerta gubernamental incita a desactivar las operaciones de grupos ilícitos y trasladarlas a otras regiones el país, como las costas de Escuintla, Suchitepéquez o Retalhuleu, en donde no se han lanzado iniciativas similares a pesar de las evidencias.

Es obvio que el estado de Sitio pone sobre aviso a potenciales objetivos de persecución legal con lo cual su finalidad quedaría a medias; no obstante, ya causa un daño enorme, repentino y por tiempo indefinido a la industria turística de las regiones afectadas, puesto que golpea destinos turísticos emblemáticos como Río Dulce, Lívingston o Quiriguá; además se extiende hacia el área del bosque nuboso de Baja Verapaz, por estar Purulhá dentro del territorio bajo decreto. Ninguna figura del gobierno feneciente se ha detenido a aclarar cómo se atenderá la pérdida de empleos y de ingresos de miles de familias que dependen de la llegada de visitantes nacionales o extranjeros.

Cierto, es necesario recuperar el control territorial sobre la región de Izabal, Zacapa y las Verapaces, pero también sobre el norte de Petén, Huehuetenango, San Marcos y más departamentos fronterizos, pero los aspavientos de suspender garantías constitucionales a cuatro meses de entregar el gobierno suenan como medidas de desesperación o de guardar las apariencias, puesto que el Ministerio de Gobernación, encargado de la seguridad interior, se dedicó en los dos últimos años a desmantelar la cúpula de la PNC, a desplegar miles de policías para vigilar actos oficiales o a vender la soberanía del país mediante imprudentes y secretos acuerdos de un inexistente país seguro, mientras había y hay tantos sitios del país en donde simplemente no hay Estado.