Faltismo docente, rezago y un pacto secretista
Sin duda alguna, las permisividades y laxitudes contenidas en el pacto colectivo del sindicato magisterial, que cada vez pretende mayores acomodamientos negociados a escondidas, bajo un secretismo inconstitucional y abyecto, es uno de los burladeros utilizados por ciertos maestros que no asisten a sus labores, ya por inacción, ya por consentimiento de directores. Tan grave es el problema que solo se detectó gracias a una auditoría ajena al Ministerio de Educación, relativa con la ejecución de recursos para refacciones escolares, por parte de la Contraloría General de Cuentas. Allí saltó la liebre: un 40 % de docentes de 45 escuelas auditadas no cumple con sus jornadas contractuales.
¿Qué ocurriría si se implementara una auditoría externa de radio más amplio? ¿Qué registros de excusas o permisos tendrán las direcciones departamentales de Educación, a menudo ocupadas por burócratas de profesión que ya olvidaron el sentido de la misión docente? Ciertamente el mal ejemplo lo dan los dirigentes magisteriales que se recetan inamovilidades antojadizas, hasta 30 días al año para no trabajar por “capacitaciones sindicales” y, subrepticiamente, la potestad de intimidar a directores o supervisores que intenten exigir mejor rendimiento en las tareas para las cuales se les paga.
A la fecha se sigue negociando a escondidas de la población el nuevo Pacto, cuya divulgación se ha convertido en una exigencia de múltiples sectores ciudadanos y productivos. En septiembre pasado, la anterior Corte Suprema de Justicia, en medio de sus zafarranchos o quizá desembarazándose de temas difíciles, optó por avalar el secretismo de tal negociación, exigido por sindicalistas venales y desfasados, como si no fueran recursos públicos, instalaciones públicas y empleados públicos quienes participan y se benefician de él.
Escaso beneficio para la educación o para fomentar una mayor exigencia de calidad docente han representado las concesiones y cláusulas del pacto de marras, avaladas por sucesivos titulares del Mineduc y hasta por presidentes, que luego salían en público prácticamente como ujieres del cuestionado dirigente Joviel Acevedo. El actual gobierno ha buscado las vías legales para romper el secretismo, pero se topó con la negativa de la CSJ, que denegó la publicidad de tal trato a pesar de involucrar recursos e intereses de la Nación.
La CC se ha conducido con escarceos y ambigüedades en este tema. Primero eludió abordar la consulta del Ejecutivo; luego, en octubre, rechazó un amparo en contra del fallo de la CSJ. Pero es tan obvio, evidente y notorio que el tema está preceptuado en el artículo 30 constitucional: “Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos”. Por lo tanto, ningún pacto colectivo de ningún sindicato estatal debería ser nunca más negociado a escondidas de quienes lo sufragan con sus impuestos. La CC decide si prioriza intereses oscuros o el bien público.
Prueba de estas dañinas cerrazones pactadas ha sido la tardanza de 11 años en abrir a concurso la contratación de 3 mil 700 plazas para maestros de secundaria. Dicha convocatoria ha recibido un número mucho mayor de solicitudes, lo cual significa que sí existen maestros con ganas de trabajar para ganarse el sueldo. La CC decide si se hace cómplice del pacto secretista, empujado con amenazas y coacción de un dirigente que en 2008 estaba a punto a ser destituido por no impartir clases, con orden de juzgado y todo, pero cuyo proceso se detuvo al llegar el gobierno de la UNE. Están a la vista, 16 años después, los rezagos de un sistema educativo detentado por la búsqueda de privilegios y no por el alto ideal de formar al futuro del país.
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