La compra directa es una modalidad para la adquisición emergente de productos o insumos, para uso en dependencias del Estado, por montos abajo de Q90 mil. Es una herramienta contemplada en ley para agilizar compras emergentes o de baja cuantía. Lamentablemente, ha sido convertida en truco manido para justificar de manera legalista repetidas compras de lotes de un mismo producto por montos levemente abajo del límite, con la usual intención de evadir las licitaciones a que obligan cantidades mayores. La excusa usual es el vencimiento de algunos insumos o su rápida rotación de inventario, pero se trata de una justificación insuficiente, puesto que la Ley de Compras estipula modalidades como el contrato abierto, sujeto a cuentadancia.

Para nadie es un secreto que ciertos proveedores devienen en financistas o patrocinadores de ciertos candidatos, usualmente de manera subrepticia, a quienes dan recursos o transporte con el obvio fin de ser recompensados mediante adjudicaciones posteriores. Las compras de medicamentos no escapan a este influjo y constituyen un botín codiciado desde hace décadas, período tras período.

La identificación de tales clientelismos y mecánicas de pago de favores, que dejan a millares de pacientes a merced de la escasez o la sustitución de fármacos por otros de menor calidad, ya ha conducido a procesos judiciales. Por ello, los arreglos buscan mimetizarse con aspecto de legalidad e incluso bajo invocaciones de emergencia, no con el afán de lograr mejor planificación, sino para prolongar el círculo vicioso; la premura de brindar atención médica a la población se usa para justificar las compras, cuya duración se agota rápidamente y, por ende, se repiten sin aparente solución, en repetitiva crisis.

El fraccionamiento de compras en el Hospital General San Juan de Dios sobrepasa ya los Q15 millones, solo de enero a marzo de este año. Abarca incluso productos tan previsibles como analgésicos tópicos, que no deberían quedar al antojadizo juego de precios de los proveedores, pero poco parece importar a los responsables de tales compras el óptimo uso de los recursos tributarios. Por otra parte, muchos de los servicios de especialidades que presta dicho nosocomio son de larga data y, por tanto, existe conocimiento de los fármacos más utilizados. Es decir, en términos de incidencia, ni la cartera de Salud ni el director de turno pueden alegar imprevisibilidad de los requerimientos, a menos que se trate de perfiles incapaces de tal responsabilidad.

Más de seis meses lleva ya la crisis de abastecimiento del San Juan de Dios y, por ende, la recurrencia de las compras fraccionadas por debajo de Q90 mil de un mismo producto. Sin embargo, al cuestionar tal hecho o al poner en evidencia las privaciones a las que son sometidos los pacientes, la respuesta es una total salida por la tangente, alegando animadversiones personales, asumiendo victimizaciones totalmente fuera de lugar y, finalmente, dejando entrever que hay poderes fácticos que aseguran estadía en cargos a pesar de las evidentes fallas de gestión.

Ya que estamos en Semana Santa, es oportuna la imagen del fariseo que se rasga las vestiduras y se declara ofendido cuando llega el señalamiento que desnuda sus propias fallas e incumplimientos. Bien dice la Palabra de Dios que nada hay oculto que no llegue a saberse y, por ello, las investigaciones del Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas deben cuestionar, sin temor a presiones de ningún tipo, los patrones de compra detectados en el San Juan de Dios, que son ostensibles indicios de negligencia o dolo, o ambos.