A pesar de ser el principal responsable de la grave crisis de desabasto de medicamentos y hacinamiento de pacientes en el Hospital General San Juan de Dios denunciada hace un año, el director de esta institución, Gerardo David Hernández, buscó desacreditar las quejas de sus propios colegas y personal de apoyo, se declaró víctima de acoso y la emprendió contra la prensa. Luego, de manera inexplicable, fue ascendido a viceministro de Apoyo a Hospitales el 24 de mayo de 2022 y desde ayer está prófugo. El Ministerio Público llegó a su despacho para hacer efectiva una orden de captura por la presunta compra fraudulenta de equipo para el Hospital Nacional de Chimaltenango, inaugurado hace apenas un mes.

En el portal Guatecompras está consignada dicha adquisición fraccionada. A pesar de todo el tiempo que se tuvo, con toda la planificación de áreas y requerimientos de la instalación —este edificio fue erigido no por el Gobierno, sino gracias a donación del pueblo de Taiwán—, la compra por Q67 millones no se licitó como era lógico y legal, sino que se dividió en 772 compras directas, cada una por valor menor a Q90 mil, con el obvio afán de evadir controles y efectuarla a dedo.

El fraccionamiento es una treta desgraciadamente frecuente en varios niveles del Estado. En efecto, la figura de compra directa existe con la finalidad de agilizar determinadas adquisiciones, sobre todo de insumos de oficina, repuestos de vehículos o prestación de servicios ocasionales específicos, por montos menores a los Q90 mil. Pero ha sido pervertida por distintas dependencias, desde alcaldías hasta ministerios, a través de fragmentar pedidos que salen más caros respecto de una compra en bloque bajo concurso público y junta calificadora, que tampoco es la panacea pero en algo ayuda.

Por este caso ya fueron detenidos el representante legal de la empresa que proveyó los 772 pedidos y el director del Hospital Nacional de Chimaltenango, señalados de tres delitos. Esa firma proveía requerimientos de alrededor de Q25 mil cuando Hernández era director del San Juan de Dios, lo cual no era ilícito, pero marca un posible nexo de favoritismo. Ante los tribunales, todos los encartados gozan de la presunción de inocencia, pero sin duda se trata de un caso execrable porque lucra con las necesidades de salud pública. Las más de 700 convocatorias fueron publicadas el 19 de diciembre y adjudicadas dos días después.

Ya de por sí, la prestación de servicios hospitalarios es uno de los grandes rezagos del período Giammattei Falla. Basta recordar cuando, en plena crisis pandémica, personal de hospitales para el covid-19 salió a exigir medicamentos, trajes, insumos e incluso el pago de salarios. En esa ocasión fueron vilipendiados, desacreditados e incluso se dejó de renovar contratos, sin que se supiera de ninguna sanción contra directores o viceministros. A esta contradicción siguió la opaca compra de vacunas rusas, por cierto un caso sobre el cual el Ministerio Público aún no brinda resultados, a pesar de que implicó más de Q600 millones y sigue contando, pues el almacenamiento de las dosis vencidas en furgones fríos se continúa pagando a costa del erario.

El oficialismo legislativo intentó aumentar el monto de compras directas que pasarían de Q90 mil a Q200 mil, para congraciarse con un grupo de alcaldes. El escándalo del Hospital de Chimaltenango es lamentable muestra de los riesgos y descaros del fraccionamiento de compras, que debería ser normado para evitar secuencias fraudulentas y lesivas.