Las alertas van en aumento, las señales son claras, los síntomas del deterioro ambiental en Guatemala son innegables y de alto impacto socioeconómico, pero a pesar de ello la agenda de manejo ecológico gubernamental sigue siendo solo un conjunto de intenciones grandilocuentes impresas en informes y folletos, pero sin acciones concretas, sostenidas ni coherentes. La evidente irregularidad de las lluvias en el país obedece no solo a fenómenos climáticos globales, sino a la continua destrucción de zonas forestales, incluyendo zonas protegidas, en total impunidad y a menudo bajo el amparo de funcionarios venales que sentencian a todo el país a una creciente sequía, a la extinción de manantiales y a la desecación de cuerpos de agua, ya sea por miedo, descuido o corrupción.

Con frecuencia los gobiernos abordan el tema ambiental con cierta aversión hacia sus implicaciones, como si se tratara de algo de conspiraciones fabuladas y suposiciones histéricas. En algún momento se robusteció tal hipótesis debido a que se trata de un deterioro muy lento que podía dar la impresión de que no estaba ocurriendo nada. No obstante se está aproximando el punto de no retorno. Guatemala arrancó hace poco más de tres décadas un sistema de áreas protegidas y ello frenó bastante el avance de la frontera agrícola y ganadera. Sin embargo, la falta de aplicación de las leyes, la ausencia del Estado y concesiones antojadizas han conducido a más invasiones de santuarios naturales, como ocurre con el parque Laguna de Lachuá o la cuenca El Mirador. Las incursiones obedecen a la necesidad de tierras de cultivo, pero son una solución falsa porque, al ser áreas de vocación forestal, dan tres cosechas y quedan estériles. Y si así es la situación en territorios bajo resguardo del Estado, mucho más agresiva es la destrucción de áreas boscosas privadas.

Cabe remarcar que no se trata de aplicar criterios dogmáticos que ignoren las necesidades de desarrollo y productividad. De hecho existen modelos de aprovechamiento forestal controlado que llegan incluso a reforestar mucho más de lo que se corta, en un ciclo virtuoso que no solo produce aire puro, sino también empleos, ingresos por exportación y hasta opciones para una industria que podría ser el gran potenciador de empleos en el país.

El gobierno saliente nombró en la cartera de Ambiente a un diletante. No se puede improvisar más. La transición hacia la nueva administración debe ser aprovechada para nombrar a un profesional técnico que posea la suficiente experiencia, el bagaje científico y la visión integral de la realidad ambiental del país. No basta con que tenga asesores, puesto que se necesitan convicciones y criterios formados para decidir y defender lo que le queda al país de su tesoro natural. Se necesita, eso sí, de un equipo ético, audaz y capaz de hacer cosas diferentes para lograr resultados distintos en todas las dependencias relacionadas con la protección de los ecosistemas y la regulación de los impactos de toda actividad.

No se trata, vale decirlo de nuevo, de colocar tropiezos para el dinamismo industrial ni para la productividad, pero sí de incluir el criterio de autoconservación humana como piedra fundamental del desarrollo sostenible. Todas las variantes de turismo ecológico representan un enorme potencial que puede atraer a visitantes de todo el mundo, en un modelo de desarrollo que no solo podría contribuir a frenar la migración, sino a convertir a Guatemala en polo mundial forestal, dadas las necedades de mandatarios de otras latitudes que quieren tapar el sol, el humo, la contaminación y el calentamiento global con un dedo.