Existe un problema que ha separado familias, que ha dejado personas fallecidas y también detenidas, pero que no ha figurado entre los reclamos del presidente Jimmy Morales en las asambleas de la ONU, pese a que conoce el asunto desde que era candidato y ofreció a comunidades guatemaltecas una mejor gestión al respecto: la migración de connacionales a Estados Unidos, que no solo no se redujo, sino que se disparó durante su período a causa de la crisis económica.

Ya pasaron 50 días desde las redadas de Misisipi, por las cuales decenas de guatemaltecos continúan detenidos y bajo proceso. De hecho, ya se han producido las primeras deportaciones, que son causa de otro drama doloroso, puesto que los connacionales repatriados dejaron a cónyuges, hijos y patrimonio, mientras acá en su país no tienen absolutamente nada.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, al menos 75 migrantes detenidos ya firmaron su deportación voluntaria, mientras otros 72 se aferran a la posibilidad de permanecer en aquel país, pero enfrentan cargos criminales por haber ingresado o reingresado sin autorización a EE. UU. o por la utilización de documentos y nombres falsos. Los connacionales cuentan con tristeza que han recibido muy poco apoyo legal por parte del gobierno guatemalteco.

Por otra parte, a las personas que permanecen en prisión los jueces solo han otorgado unas 20 libertades bajo fianza, pese a que existen casos que aplican para ese tipo de medida sustitutiva. Las audiencias judiciales, a pesar de ser públicas, se desarrollan a puerta cerrada, según denuncian activistas, y ello se presta a una mayor severidad, sin que exista una vehemente defensa por parte del Estado de Guatemala, tanto in situ como a nivel público.

El oficioso trámite de un acuerdo migratorio de Tercer País Seguro, cuyos términos continúan ocultos por parte del Gobierno de Guatemala, no ha tenido beneficio alguno para los ciudadanos. No se ha siquiera solicitado un estatus de protección temporal, al menos para obtener una denegatoria que bien se podría argumentar al menos como intentona. El anunciado programa de visas agrícolas no tiene para cuándo empezar, pese a que ya se registraron más de dos mil aspirantes, y ahora EE. UU. excluyó a Guatemala del programa de sorteo de diversidad, más conocido como la lotería de visas, mediante el cual se extiende anualmente una determinada cifra de documentos de residencia a personas de todo el mundo. Este año quedó cerrada esa opción, debido al alto número de migrantes guatemaltecos, lo cual constituye una decisión incongruente con los ofrecimientos hechos a cambio de controlar el éxodo o quizá como consecuencia del manejo que hizo el gobierno de Morales de los acercamientos con Trump para impulsar otros propósitos.

Entretanto, el gobierno entrante continúa efectuando acercamientos en EE. UU. y México, cuyo carácter vinculante es promisorio, pero no queda del todo claro. Primero, porque no existe un diálogo público de transición que exhiba consensos y avales oficiales. Además, el gobierno saliente prosigue las negociaciones del convenio migratorio con total sigilo, sin involucrar al nuevo gabinete. De hecho, el presidente electo y el presidente saliente manejan sus agendas internacionales como si pertenecieran a países distintos, pese a que la crisis social, económica, nutricional, laboral y ambiental que vive la Nación requiere de acuerdos, planes consolidados y acciones concretas inmediatas.