Estados Unidos
EDITORIAL
Iniciativa de ciberdelitos está infectada con virus
La norma impone cargas a las empresas, que pueden limitar su competitividad interna y externa.
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Dentro de su escasísima productividad, la décima legislatura del Congreso de la República acarrea ya varias leyes con fallas, ambigüedades, incoherencias y hasta inconstitucionalidades. Ello puede ser producto de una crasa ignorancia del entramado constitucional, incluso por parte de onerosos asesores contratados por cualquier razón, menos por su idoneidad para corregir circunloquios, detectar incongruencias o desenredar retruécanos falaces, tan propios de la politiquería y totalmente inaceptables en un corpus legal funcional, moderno y apegado a derecho. Pero en algunos casos son tan burdos los equívocos que ya hasta parecen deliberados y, por ende, abyectas distorsiones de la labor legislativa.
Uno de los ejemplos más recientes de estas deficiencias riesgosas es la iniciativa 6347, denominada ley de ciberseguridad. Diputados de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional hasta se tomaron la foto para anunciar el dictamen favorable a dicha propuesta, que supuestamente llevó “un año y medio para su formulación y análisis”. El presidente de tal instancia, diputado Jorge Villagrán, afirmó en un boletín del Congreso el 26 de agosto que estaba “bien consensuada” y con aporte de “muchos” institutos de pensamiento. Caminó sospechosamente rápido el bodrio, porque ya fue aprobado en primera y segunda lectura.
Se necesita una ley para combatir los delitos informáticos, por supuesto que sí y desde hace mucho. Pero no es la 6347. Haciendo una analogía del ámbito digital, se puede afirmar que tal proyecto de ley está cundido de “virus” que lo pueden hacer inoperante, contraproducente, riesgoso e incluso una amenaza a preceptos constitucionales. ¿Cuántos diputados la leyeron con sentido crítico antes de levantar la mano? Para ser tan caros, es muy pobre el criterio demostrado.
Una ley contra ciberdelitos debe proteger a ciudadanos, empresas e instituciones estatales de las amenazas digitales. Por ende, tal normativa debe abarcar a todos los sectores involucrados. Un primer “virus troyano” de la 6347 se encuentra en excluir de la discusión e implementación al sector privado, a los centros académicos especializados en tecnología y a especialistas calificados en el desafiante ámbito de los riesgos informáticos. Se pretende dejar el centro de respuesta a tales ataques bajo jurisdicción militar, lo cual es una grave limitación de alcance y operatividad.
La iniciativa tiene también un virus de opacidad en las adquisiciones para equipar tales entidades y, por ende, su gestión también quedaría en un peligroso limbo, lejos de la fiscalización ciudadana. Se tipifican ciertos delitos con fuertes sentencias, pero sin concordar las conductas por combatir contenidas en el Código Penal, lo cual abre riesgos de discrecionalidad en su aplicación, Tales ambigüedades podrían emplearse incluso contra la libre emisión del pensamiento.
La norma impone cargas a las empresas, que pueden limitar su competitividad interna y externa. En lugar de interconectarse con normativas de vanguardia, la 6437 parece un programa desconectado de la innovación constante en la provisión de verdadera seguridad cibernética para todos los sectores productivos. El diputado Villagrán detalló que se buscaron “consensos” con el Ministerio Público y el Organismo Judicial para establecer sanciones. Qué oficioso. Los riesgos advertidos por expertos digitales y centros de análisis son tan grandes que la 6437 debe regresar a análisis de comisión para ser reprogramada. Y no solo debe pasar por la que le dio tan desprolijo aval, pues claramente se ve que necesita limpieza de posibles programas maliciosos que roban garantías constitucionales.
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