Ya va tarde el oficialismo del Congreso y sus partidos adláteres —que aún tratan de pasar por opositores en la campaña electoral— con el intento de aprobar iniciativas populistas, convenencieras y onerosas, mediante las cuales intentan aparentar interés en la seguridad ciudadana o tratan de obtener el favor de cierto sector de la población. Cuando faltan 77 días para las elecciones, son demasiados los omisos de la alianza oficialista parlamentaria a lo largo de tres años, tres meses y dos semanas, incluyendo el receso de la quincena previa, durante el cual incluso se desinfectó el palacio legislativo pero sobrevivió el germen de la demagogia.

En efecto, la aceleración de iniciativas electoreras como la que pretende reactivar la pena de muerte o aumentar a última hora la cifra de beneficiarios del bono del adulto mayor solo denotan el miedo de diputados a que la ciudadanía les pase factura por los despropósitos, despilfarros e irresponsabilidades en la tarea que les fue delegada temporalmente en 2019. Y vale repetir: temporalmente. Es sintomático en cada proceso electoral que tarde o temprano se utilice la carta de la pena de muerte como aglutinador de miedos, indignaciones y ansias de una aplicación estricta de la ley en contra de la delincuencia. Por eso mismo son sospechosos, o en todo caso extremadamente coincidentes, las escaladas de robos, extorsiones y asesinatos con tales ofrecimientos de “mano dura”.

Desde diputados de rancios abolengos hasta algunos que son presidenciables con sueldo —quienes por lógica debieron dejar el cargo en manos de un suplente— vociferan para defender la opción de manejar la potestad de otorgar o no el indulto presidencial, como si estuviéramos en una monarquía feudal. De hecho, quisieran estarlo.

Para reducir efectivamente la incidencia criminal se podría comenzar por garantizar cárceles seguras, a prueba de trasiegos y de comunicaciones extorsivas, pero eso no lo logró o no lo quiso hacer el Ejecutivo. Tampoco se les pudo reclamar porque el oficialismo legislativo bloqueó las interpelaciones de funcionarios.

En el caso del bono a los adultos mayores, es obvia la treta de querer cautivar votos incautos con dinero ajeno; es decir, del erario. Más de Q300 millones de guatemaltecos están en juego bajo esta iniciativa interesada. Con ese mismo dinero se podría atender mejor la desnutrición, equipar efectivamente hospitales como el de Chimaltenango —sin licitaciones amañadas, claro— o mandar a fabricar dos millones de escritorios escolares —a Q150 cada uno, y si se logra mejor precio serían más— que cubrirían la demanda nacional de mobiliario en planteles educativos. Pero no, en su desesperación, la directiva del Congreso y los jefes de bloques afines empujan una agenda cortoplacista, cara y del todo ajena al abordaje serio de las prioridades del país.

Atraer los votos habría sido tan simple si se hubiera actuado con coherencia ética, política y moral. Pero la actual legislatura, dirigida por los diputados oficialistas Allan Rodríguez y Shirley Rivera, evadió, eludió, rehuyó, esquivó, relegó o atrasó, mediante distintas estratagemas, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones porque le resultaban cómodos los actuales; pudo haber discutido con responsabilidad una nueva Ley de Servicio Civil, y no lo hizo; una nueva Ley de Infraestructura, y no lo hizo; leyes de contrataciones, de competencia y una eficiente distribución del presupuesto con suficientes controles de transparencia, y no lo hizo. Ahora quiere aparentar en unos días lo que no logró en los 39 meses anteriores.