Prisión de 50 años fue la sentencia emitida en octubre último contra los victimarios de la niña Hillary Saraí Arredondo de 3 años, asesinada en 2021; en 2020 fueron condenados a 63 años dos individuos responsables del femicidio de una niña de 10 años en Quiché; actualmente están ligados a proceso tres acusados del crimen contra Génesis Anayeli de 8 años, cometido en Ciudad Peronia, y se investiga si hay más involucrados: la exigencia general es un juicio eficaz que siente precedente.

Si así es de fuerte la exigencia de justicia contra los autores de mortales delitos que han dejado víctimas individuales, cuánto más no debe ser la proporción del castigo al tratarse de 41 muertes causadas por la indolencia, crueldad, irresponsabilidad o simple negligencia de las autoridades que gestionaron de la peor manera una protesta de menores entre 13 y 17 años bajo protección del Estado, albergadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el fatídico 8 de marzo del 2017.

Solo faltan dos meses para que que se cumplan seis años de aquellos nueve minutos trágicos que dejaron calcinadas o asfixiadas a 41 menores y otras 15 con lesiones y quemaduras. Las 56 estaban a cargo de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República durante el período de Jimmy Morales Cabrera. Pesquisas y declaraciones han evidenciado la falta de protocolo adecuado, denuncias desatendidas de maltrato, incapacidad de toda la cadena de funcionarios involucrados, incluyendo a una agente policial que tenía la llave del recinto en donde las menores perecieron. Incendiaron una colchoneta en un intento de presionar para que les permitieran salir del recinto, pero ni sus gritos ni súplicas lograron nada hasta que ya era tarde: con el paso de las horas se reveló la dantesca dimensión de la matanza.

Cortapisas legales, descalificaciones, discriminación y amenazas contra víctimas fallecidas o sobrevivientes; tráfico de favores, una negativa de antejuicio de la Corte Suprema de Justicia y aplazamientos continuos en la fase intermedia y de apertura a juicio tienen varado el proceso en contra de ocho acusados, incluyendo a exfuncionarios de la Secretaría mencionada.

El pasado lunes 9 de enero comenzaría por fin el debate oral para dilucidar responsabilidades penales, pero nuevamente volvió a posponerse debido a que uno de los abogados adujo haber contraído covid-19 y presentó un certificado. La audiencia se trasladó para el martes 17 de enero y ojalá no haya más dilaciones. En apariencia solo es una semana perdida, pero este juicio en realidad debió haber comenzado en 2018. Es obvio que por su cauda mortal e impacto social no se puede atrasar más. Además, hoy se cuenta con las voces de sobrevivientes, quienes ofrecieron sus testimonios en calidad de anticipo de prueba. El proceso se declaró en reserva para proteger la integridad de las declarantes menores, pero ahora todas son adultas. Por su dimensión, tal secretismo debería ser levantado para que todo el país sea testigo del histórico caso.

Dentro de los posibles involucrados hace falta la investigación al expresidente Jimmy Morales y un asesor suyo, quienes fueron aludidos por el exsubcomisario policial Luis Armando Pérez Borja, quien en su primera declaración afirmó que Morales habló con el comisario Wilson López Maldonado —quien tampoco está procesado— y le dio instrucciones la noche antes del mortal suceso. El 4 de abril de 2018 la Corte Suprema de Justicia negó el antejuicio al calificarlo de espurio. Así impidió que el Ministerio Público pudiera investigarlo.