El fantasma de las dictaduras flota sobre Latinoamérica, debido a que figuras intolerantes se hicieron del poder con base en la utilización de los mecanismos democráticos para buscar su propia hegemonía. Emplean el mismo truco del cual se valieron autócratas en el pasado: alegar disfuncionalidad del Estado, apelar a las emociones populares y plantearse como la única mente capaz de conducir a una colectividad nacional hacia un futuro, aunque ello signifique romper las leyes constitucionales, atropellar el estado de Derecho y acallar las disidencias bajo diversos pretextos y mecanismos.

La lecciones son patéticamente las mismas: gobiernos en los que pululan arribistas y aduladores, una distorsión lamentable del servicio público que ocasiona un deterioro institucional, debido a que las dependencias del Gobierno dejan de ser coordinaciones técnicas para el cumplimiento de planes y pasan a ser apetecidas plazas, por sueldo y potestades, a menudo encabezadas por personas no idóneas. Desafortunadamente, así como ocurre en la parábola del evangelio el trigo y la cizaña se mezclan en el quehacer político, pero es posible distinguirlos.

Lecciones tristes como las de Venezuela y Nicaragua son una clara advertencia de lo que sucede cuando la ciudadanía se desentiende de la exigencia hacia sus autoridades electas. Este descenso hacia la autocracia no ocurre de un día para otro, conlleva procesos legales y decisiones prepotentes vendidas como demagogia. Los síntomas de los dictadores en potencia se manifiestan tempranamente a través de arranques de ira ante las críticas cuando aún son solo candidatos; otros, expresan admiración por dictadores pese a su cauda de muerte y subdesarrollo.

Por ello reviste vital importancia una postura sólida y coherente en favor de la legalidad, la institucionalidad y la cuentadancia, de entes internacionales como la Organización de Estados Americanos, que apoya esfuerzos para retornar a la senda democrática en países como los ya mencionados. Para las elecciones de junio próximo se anunció una misión de observación de dicha entidad, un importante aporte a la transparencia del proceso.

No obstante, fue llamativo el tuit del secretario de la OEA, Luis Almagro Lemes, publicado el 8 de abril último, en el cual contribuye a propagar la afirmación de una supuesta intervención de las elecciones y del Tribunal Supremo Electoral, que el presidente Jimmy Morales ha repetido siete veces desde el 2018, sin presentar denuncia alguna. Lo llamativo es que dicha versión le fue trasladada por la presidenciable Sandra Torres, quien le visitó en la sede de la OEA.

Es probable que el secretario Almagro haya actuado de buena fe, pero esto no le resta imprudencia al mensaje. Conforme a su alta investidura, si juzgó preocupante el asunto, debió designar una misión de verificación, reunir versiones, escuchar a otros presidenciables y entonces emitir un comunicado consistente. Si se limita a repetir por twitter las versiones de país que cada visitante le lleve, tarde o temprano incurrirá en inconvenientes que debiliten su figura en casos de aguda conflictividad. La misma Carta Democrática de OEA llama en su Artículo 20 a apreciaciones grupales para situaciones que lo ameriten: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático… el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación”.