Con la conclusión de las audiencias de revisión de resultados, desarrolladas con dignidad, serenidad y celeridad por las juntas electorales, se cumple con el amparo provisional dictado por la Corte de Constitucionalidad, a pedido de nueve partidos —un trámite del cual se desligaron varios—. Las variaciones en votos son ínfimas y no alteran de manera significativa las cifras preliminares ya conocidas desde el 26 de junio. Cualquier alegato infundado de fraude es ocioso, malintencionado y peor aún si en él va implícito algún otro tipo de acicateo en contra del orden constitucional vigente desde 1986.

Lo mismo cabe decir de ulteriores recursos que pretendan prolongar la incertidumbre e impedir que el Tribunal Supremo Electoral haga oficiales los resultados. De haber otras acciones judiciales en contra del proceso conducido por dicho ente, se podría crear un limbo legal sin precedentes, pero también se denotarían oscuros afanes conspirativos, totalmente ajenos a la voluntad ciudadana. Ello comenzaría a tener impactos en el clima de negocios y de inversión. Por eso, sectores productivos del país solicitan que a la brevedad posible se anuncien los nombres de los ganadores de las elecciones municipales, legislativas y presidencial, que se irá al balotaje.

Entidades como la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana consideran fundamental el respeto a la decisión expresada por los votantes para garantizar la continuidad del estado de Derecho, que a su vez incide en la toma de decisiones económicas a mediano y largo plazos. En otras palabras, las maniobras de ciertas dirigencias políticas no deben interferir con el devenir de la competitividad nacional, pues entonces desmentirían los postulados que supuestamente enarbolan los partidos.

La mejora en la percepción democrática, del respeto a garantías ciudadanas, prevalencia de los principios jurídicos y, sobre todo, el combate de la discrecionalidad y la corrupción constituyen factores de peso para toda empresa o nación que esté considerando a Guatemala como un posible aliado de negocios. Es imposible que exista un buen entorno para el desarrollo comercial, industrial y exportador si el Estado no otorga certezas de conducta legal y ética, y si no, basta ver la tragedia nicaragüense, cuyo tiránico gobierno llegó incluso a proscribir organizaciones empresariales tan solo por exigir el fundamental respeto a normas vigentes.

La institucionalidad guatemalteca se ha visto ensombrecida por incumplimientos como la falta de elección de una Corte Suprema de Justicia, que está a tres meses de cumplir cuatro años de plazo extra. La alianza oficialista del Congreso relegó el asunto mediante burdas tácticas. La ciudadanía necesita, además, comenzar a conocer los debates, contextos, ventajas y desventajas que puedan plantear los dos partidos que participarán en la segunda vuelta electoral, el 20 de agosto próximo.

La política económica, productiva, presupuestaria y de cuentadancia es uno de los temas por abordar con madurez, seriedad y carácter técnico, no con peroratas sofistas ni populismos baratos. Lo mismo cabe decir sobre la configuración de un futuro gabinete planteada por los partidos que van a la segunda vuelta. Más allá de alianzas, pactos o trueques de cargos por apoyo, se necesita claridad acerca de las acciones a emprender durante los primeros cien días de la siguiente administración en materia de educación, salud, infraestructura vial y comunicación, legislación prioritaria y el esperado combate de la desnutrición crónica y aguda infantil.