A partir de hoy cobra vigencia en el estado de Florida, EE. UU., la Ley SB1718, normativa antimigrantes aprobada el 2 de mayo último por el Congreso estatal, de mayoría republicana y promulgada el 16 de mayo por el gobernador Ronald de Santis, quien tiene aspiraciones presidenciales y sin duda alguna busca convertir estas restricciones en uno de sus arietes de campaña para las elecciones primarias de dicho partido. Esta normativa es considerada como el más duro paquete contra la migración irregular en Estados Unidos y, por ende, puede llegar a reducir la cantidad de indocumentados en dicho estado, pero a la vez ya está causando impactos en la disponibilidad y costo de mano de obra, sobre todo en la agricultura y la construcción.

Se calcula entre 160 mil y 175 mil la cantidad de migrantes guatemaltecos residentes en ese estado, la mayoría de los cuales estaban indocumentados y cuyo futuro es incierto. Se reporta ya un éxodo de trabajadores de diversas nacionalidades a otros estados, aunque también se han registrado varias caminatas y concentraciones pacíficas para exigir la derogatoria de dicha norma, que no deja de tener cierto tinte racista.

A partir de hoy no se emitirá ninguna licencia de conducir a migrantes indocumentados. Varios estados extienden permisos de conducir como una medida para proveer identificación y asegurar la seguridad vial. Sin embargo, en Florida ya no se aceptarán permisos de otras demarcaciones si la persona no acredita su estadía legal. Si alguien busca una plaza de trabajo, todo empleador privado está obligado a validar su estatus migratorio en el sistema E-Verify o podría ser multado. Hasta ahora solo estaban obligadas a verificar las dependencias públicas o contratistas ejecutando obras para el Estado.

Se penaliza con multas y cárcel a toda persona que transporte, aloje o ayude a migrantes indocumentados, lo cual afecta incluso a iglesias, refugios y centros de acogida. Los hospitales deben recopilar datos sobre la situación migratoria de cualquier paciente admitido y entregar reportes si las autoridades lo solicitan. Organizaciones de derechos humanos y de defensa de los migrantes reclaman inconstitucionalidades en la norma, la cual, además, señalan de racista y de ser dirigida contra la comunidad hispana.

El gobierno de Guatemala ha ofrecido, a través del consulado de Miami, orientación y asesoría a los migrantes que se comuniquen con ellos. Sin embargo, no se ha producido una sola postura de protesta en contra de la ley, que expone a los connacionales a ser detenidos o deportados a pesar de ser personas económicamente activas, trabajadoras, que tributan en el mencionado estado. Tampoco ha existido una campaña en idiomas mayas, pese a la gran cantidad de migrantes indígenas guatemaltecos en ese territorio. Quizá no quieren tener roces con los congresistas o senadores republicanos ultraderechistas, de quienes han obtenido cierto respaldo. De hecho, ningún diputado, político o candidato guatemalteco se ha pronunciado con claridad y vehemencia en apoyo de los guatemaltecos.

Es posible que la estrategia seguida por De Santis llegue a darle réditos en su ruta electoral, pero se trata de una carrera contra reloj: cuando la economía se vea afectada por la escasez de trabajadores agrícolas, de construcción y remodelación, procesamiento de carnes, industria restaurantera y hotelera, limpieza de edificios y casas, entonces podría volverse un fenómeno contraproducente. Y todo por negar oportunidades a los migrantes, a pesar de ser él mismo descendiente de migrantes.