La insistencia del Ministerio Público en investigar a periodistas y requerir copias de publicaciones de columnistas de un medio de comunicación que ya no existe, bajo el supuesto delito de obstrucción a la justicia y en abierta contravención del artículo 35 constitucional sigue generando preocupación, rechazo y reiterados reclamos de entidades de prensa.

El contenido de dicho estamento de la Carta Magna es claro e inequívoco: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. En tal virtud, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional solicitado por seis organizaciones de periodistas el 31 de mayo último en contra de la resolución del juez Jimmi Brener, que autorizó pesquisas contra periodistas guatemaltecos a causa de sus opiniones usando una ley de menor rango.

“Hay una terquedad del MP en acusar a la prensa”, declaró Byron Barrera, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala al diario La Hora en relación con el requerimiento del MP a la exgerente de elPeriódico de varios artículos publicados en el extinto medio por los periodistas contra los cuales iban dirigidas las pesquisas que quedaron suspendidas con el amparo.

En efecto, utilización de fragmentos descontextualizados de la Ley de Crimen Organizado en contra de periodistas y medios corría el riesgo de convertirse en algo parecido al delito de abuso de autoridad. Cabe señalar que el nuevo requerimiento del MP no fue efectuado con autorización judicial, aunque sí estipulaba un plazo de tres días.

Ayer también se emitió una nueva acusación contra el periodista Jose Rubén Zamora, por supuesta falsificación de firmas en documentos migratorios referentes a entradas y salidas del país, un tercer caso cuya temporalidad y secuencia llaman la atención, puesto que para mañana 14 de junio está programada la audiencia de veredicto del juicio contra el periodista y fundador del extinto elPeriódico, contra quien la Fiscalía pidió 40 años de prisión. Las supuestas irregularidades migratorias, recién develadas por el MP, habrían ocurrido supuestamente entre el 2015 y el 2017.

La sola búsqueda de estos indicios exhibe persecución oficiosa, que contrasta con la parsimonia en otros casos contra políticos, diputados y exfuncionarios señalados de voluminosos fraudes. El caso de las vacunas rusas o la acusación por el negocio sucio en el Hospital de Chimaltenango siguen sin avances, al igual que el proceso por el fraude Odebrecht, pero sí hay tiempo para buscar firmas de un periodista en el caótico sistema migratorio que ha permitido la salida de tantos prófugos. Organismos internacionales de derechos humanos, países amigos, entidades de prensa locales y regionales han expresado su preocupación por la intimidación contra periodistas por sus críticas contra funcionarios, que están avaladas por la Constitución y cuyas vías de sanción figuran en la Ley de Emisión del Pensamiento.