EDITORIAL
Libertad de expresión nos ampara a todos
La violencia es negación de la propia razón.
Aunque a ciertos grupúsculos y sectores oscuros les incomode, la libertad de expresión ha sido, es y seguirá siendo un derecho humano universal inalienable. Son intolerables las cortapisas, las amenazas, el retorcimiento de leyes para callar voces críticas. Es repudiable cualquier tipo de censura, represión y, sobre todo, violencia, sin importar la diferencia de ideas, visiones, intereses o perspectivas. La palabra es herramienta para construir, disentir, debatir y avanzar. Es la piedra imprescindible para construir el estado de Derecho y, por ende, es inaceptable todo intento por acallarla.
El asesinato del líder conservador Charlie Kirk sacudió ayer a Estados Unidos. Más allá de su ideología política y de posturas controversiales en ciertos temas, es una vida segada. Era un padre, hijo, hermano, profesional, ciudadano, ser humano. Todos tienen el derecho de expresar sus ideas y posturas, sin temor a perder la vida por esgrimirlas, y menos en una universidad, creada para compartir conocimiento y promover criterios.
Hace un mes falleció en Colombia el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, después de dos meses de agonía a causa de un ataque armado perpetrado el 7 de junio mientras efectuaba un recorrido proselitista en un barrio de Bogotá. Cuando se asesina a una voz, se intenta asesinar al debate público mismo. Mentes obtusas no se dan cuenta de que los ideales no solo sobreviven, sino se fortalecen. Sí, hay discursos de líderes y figuras políticas de tono polarizante, provocador y porfiado. Pero rebatir tales posturas con argumentos lógicos, con datos y hechos es la esencia de la democracia. Hasta lo más incómodo y exagerado tiene derecho a ser expresado. Esto, a su vez, origina la necesidad de ser contradicho en abierta lid discursiva.
Nunca el asesinato ni la represión armada ni la coacción judicial serán respuesta ni argumento. La violencia es negación de la propia razón. En Guatemala existe, por desgracia, una larga historia de despotismos e intolerancias que han enlutado al país. Hace 55 años, Isidoro Zarco, subdirector y cofundador de Prensa Libre, fue ultimado para intentar acallar su expresión. Y sin embargo, su legado continúa porque lo reivindicamos a diario.
En tiempos recientes se ha estilado emprender acciones legaloides, mediante el retorcimiento de leyes, para perseguir a líderes indígenas, encarcelar a periodistas o someter a exfiscales incómodos a procesos inicuos, que terminan cayendo por su propio peso, aunque con recurrentes y sintomáticas dilaciones maliciosas, de las cuales, a menudo, altos magistrados son cómplices por acción u omisión. “Pierden” expedientes o los entrampan, sin darse cuenta de que solo amplían la voz de la persona a la que asedian. Otro caso vergonzoso y siempre contraproducente es el de políticas o funcionarias que se rehúsan a la cuentadancia e intentan evadir la crítica pervirtiendo leyes como la de Femicidio, con lo cual les roban atención a víctimas reales.
Regímenes despóticos como los de Nicaragua, Venezuela o Cuba coartan la expresión ciudadana con violencia o leguleyadas medievales, sin darse cuenta de que los susurros y los aparentes silencios gritan sus barrabasadas. Basta ver el fracaso del despótico gobierno de Nepal, que intentó silenciar la voz ciudadana mediante una truculenta maniobra para prohibir las redes sociales, que son el aerópago contemporáneo. La libre expresión no es privilegio de comunicadores sociales o medios periodísticos: es el más valioso tesoro del ciudadano de a pie, que puede y debe expresar convicciones u objeciones sin temor a perder la vida.