La garantía de Libre Emisión del Pensamiento, consagrada en el artículo 35 constitucional, es el más grande patrimonio intangible que posee la ciudadanía, en lo individual y en lo colectivo. Asegura la posibilidad de cuestionar a cualquier autoridad de cualquier poder del Estado o institución descentralizada acerca de su desempeño, de discordancias entre discurso y acción, de nexos con personajes cuestionados y de dobles raseros en cuanto a la aplicación de la ley.

La libertad de expresión es vital en todos los ámbitos. Suena como sinónimo de difusión de información periodística, opiniones, análisis, debate de ideas políticas, económicas e institucionales, pero en el ámbito personal es un bastión; entre otros, situaciones que hacen peligrar la integridad física.

Con frecuencia se pide desde el Estado que los ciudadanos denuncien delitos, informen sobre haber visto a un prófugo o revelen algún caso de corrupción que conozcan. Para ello se implementan canales adecuados como líneas telefónicas o sitios digitales para asegurar esa expresión. Cuando la situación denunciada persiste, queda la alternativa de la denuncia pública de una situación dañosa a través de los medios de comunicación, que investigan las quejas y publican los hallazgos.

Funcionarios de diversos niveles y estamentos del Estado gozan de la libertad de difundir logros, reuniones, procesos, inauguraciones y todo lo concerniente a su gestión No le hacen ningún favor a nadie al informar sobre sus acciones: es su obligación brindar información pública. El problema es cuando invocan excusas de ataques políticos o se encierran en el secretismo al ser cuestionados o investigados. Por eso la Carta Magna establece que ningún cuestionamiento o crítica contra funcionarios públicos constituye delito, y que el Estado debe garantizar la información sobre su funcionamiento y el uso de recursos públicos.

Un ejemplo reciente es el inicio del ciclo escolar del sector público, sobre el cual la prensa documentó la grave falta de mobiliario en escuelas de todo el país. Se cuestionó que después de tres años de suspensión por la pandemia, no se había logrado reparar más edificios. Hubo excusas, cruces de culpas, pocas explicaciones, pero sobre todo una orden tajante: prohibir a maestros y directores que se quejaran so pena de despido. También se les ordenó que no permitieran la entrada de medios de prensa a los planteles, una censura que no logra tapar el sol con un dedo.

Los ciudadanos honrados que se ganan la vida en medio de las vicisitudes económicas, de las carencias viales, de las deficiencias en salud pública o la inseguridad en las calles a menudo no tienen tiempo de investigar por qué no se construyó bien tal obra. Para inquirir acerca de ello confían en el servicio prestado por medios y periodistas, por radio, televisión o soportes escritos, que presentan datos, explicaciones, posturas e imágenes para que ejerza su derecho a emitir su juicio.

¿O acaso no es el juicio de la gente lo que ahora muchos personajes salen a buscar, a pedir, a suplicar en la campaña electoral? Un juicio expresado a través de una marca en una papeleta. Todos los que figuran en ella aceptan la evaluación de esa misma ciudadanía que demandará resultados, pero no solo la versión oficial, sino toda la información disponible, y por eso es toral la libertad de prensa y de expresión.