Cuando la brújula de los gobiernos se pierde o más bien no está calibrada hacia el norte de la rendición de cuentas, el país navega hacia aguas peligrosas, con riesgo de encallar en el pantano de la discrecionalidad, de las licitaciones con dedicatoria y el empecinamiento por favorecer a determinados contratistas a pesar de repetidas advertencias de opacidad que arrastran. El más reciente ejemplo de esta conducta aviesa se da con la decisión del ministro de Gobernación de otorgar la construcción de una cárcel de máxima seguridad a una compañía mexicana señalada de corrupción, en un concurso en el cual fue excluido el otro oferente por un requisito fácilmente subsanable.

Se desconoce con exactitud qué pesó más en esta directriz que les costará a los guatemaltecos más de Q668 millones, además de los intereses del crédito otorgado por el Banco Centroamericano de Integración para dicho proyecto.    Desde junio se publicaron notas sobre los nexos sospechosos, los antecedentes opacos e incluso la suspensión de 30 meses sin asignación de contrato público alguno que el gobierno mexicano emitiera contra el consorcio que hoy se ve favorecido por el gobierno de Guatemala.

El oferente excluido presentó al menos cuatro inconformidades respecto del proceso de licitación, a todas luces cuestionable porque lo más correcto habría sido declararlo desierto y lanzar de inmediato un nuevo concurso para mejorar la participación y abrir espacio a la posibilidad de mejores ofertas en tiempo y costo. Es, además, sospechoso que después de cuatro meses de “análisis” se anuncie la adjudicación en un viernes, a las puertas de un descanso largo por el feriado del 15 de agosto: una práctica usual para aminorar reclamos ciudadanos de decisiones venales.

Es llamativo el empeño tardío por empujar este proyecto sin haber subsanado los problemas estructurales y funcionales del Sistema Penitenciario que representan un riesgo constante para la ciudadanía. En concreto se puede señalar la persistente porosidad de los centros de detención, a los cuales siguen entrando celulares, terminales de internet, aparatos eléctricos, armas, licores y otros artículos prohibidos. La población sigue padeciendo las extorsiones encabezadas por reos, tanto desde áreas de detención preventiva como de cumplimiento de condena, por lo cual la cárcel de más de Q668 millones solo es una solución parcial, pero lenta, debido a que, según los plazos, no podrá concluirse durante el período Giammattei Falla.

Mientras tanto, siguen detenidas medidas urgentes ofrecidas en campaña y consignadas en el promocionado “plan de innovación” del partido oficial, entre ellas la implementación del brazalete electrónico, para posibilitar la reducción del hacinamiento carcelario y del abuso en la prisión preventiva, que a la vez representaría una disminución de costos y un enfoque de esfuerzos y recursos penitenciarios en los detenidos reincidentes, violentos o de alta peligrosidad. A pesar de esas ventajas y de un costo inicial de Q28 millones por el arrendamiento de dicho equipo, la implementación del plan se programó para el 2023, a pesar de ser una innovación necesaria y de estar pendiente desde 2016.

Quizá la sucesión de cuatro ministros de Gobernación en menos de tres años de gobierno sea uno de los factores que no han permitido el desarrollo de una visión a mediano y largo plazo que corrija problemas del Sistema Penitenciario, pero adjudicar a dedo una licitación en lugar de corregirla o explicar claramente el origen de la decisión no ayudará a acelerar la solución.