Quisiéramos pensar que la meta de los diputados al aprobar un presupuesto tan abultado, deficitario e incluso por encima del dictamen original obedece a un sólido plan de consenso interpartidario para emprender una ruta de desarrollo sostenido para los próximos 20 años, con estrategia de renovación de infraestructura, con un agresivo plan técnico para doblegar al hambre y con una visión de transformación del aparato público en favor de la eficiencia, la cuentadancia y, sobre todo, el servicio a la ciudadanía. Pero resulta imposible pensarlo ante las evidencias de clientelismo, falsedad, asignaciones oscuras a allegados advenedizos, dispendio, pactos politiqueros y mediocres resultados de la agenda legislativa.

Basta ver cómo en lugar de aprovechar la proyección de mejora de ingresos fiscales para disminuir el monto de nueva deuda proyectada, la Comisión de Finanzas, presidida por el oficialista Duay Martínez, representante distrital por Quetzaltenango, dictaminó un monto de Q105 mil 939 millones, sobre el cual se comenzó la aprobación en tres lecturas: una pantomima que exhibió su superficialidad cuando con nocturnidad y ventaja los diputados hicieron enmiendas en el fondo de revisión para elevarlo hasta los Q106 mil 226 millones.

Si los diputados querían presupuestar en serio la inclusión en planilla de personal de Salud, no tenían que hacerlo a costa de endeudamiento insostenible y que se suma a otros pactos lesivos. Bien pudieron recortar algo de los Q980 millones asignados al Congreso, incluyendo los Q38 millones para nuevas contrataciones: todo un botín de plazas que ya en el pasado ha exhibido sus impertinentes alcances discrecionales.

La habitual desidia de diputados contrastó con la casa llena del jueves último. Hasta el diputado Jorge García Silva, vinculado con empresas beneficiadas por contratos por los cuales el Ministerio Público efectuó detenciones de personal del Insivumeh, reapareció en el hemiciclo después de haber estado lejos del ojo público.

No es exagerado llamar piñata a los Q3 mil 227 millones asignados a “proyectos” de Comités Departamentales de Desarrollo, entes cuya ejecución ha sido deficiente pero de fácil conexión con diputados y alcaldes. Jefes ediles acudieron a arengar la aprobación del gasto desfinanciado. A ningún ciudadano se deja entrar al hemiciclo para fiscalizar a sus representantes, pero esta arenga “espontánea” desde el palco tuvo puertas abiertas. Desgraciadamente, no extraña. Estos clientelismos pululan desde los tiempos del FRG, de la Gana, de la UNE, del contubernio PP y Líder y del sancionado FCN-Nación, que sigue existiendo gracias a un TSE indolente. De todos hay herederos y tránsfugas. La diferencia es que ahora son más abultadas las cifras del dispendio, la deuda pública es aún más impagable y los indicadores de desarrollo humano exhiben mayor rezago. Y si no, que lo digan más de 300 mil guatemaltecos detenidos este año en su éxodo hacia EE. UU.

Quisiéramos pensar que la Contraloría de Cuentas afina estrategias para mejorar la glosa de gasto, la supervisión de proyectos y la presentación de denuncias; que el MP se encuentra por presentar antejuicios en el caso Insivumeh y por destapar procesos de ejecución sospechosa, a fin de sentar precedentes oportunos, justo en el año preelectoral para que en el 2023 se reduzca la posibilidad de reelección de personajes que han dado abundantes muestras de desprecio a las necesidades nacionales.