En el primer ejemplar de Prensa Libre, publicado el 20 de agosto de 1951, el titular de portada era: “Alarmante consumo de drogas. Burlando a las autoridades se extiende una espantosa plaga”. En aquel momento el estupefaciente más difundido era la marihuana, que solía ser disfrazada al extraer y sustituir el tabaco de cigarrillos lícitos. Más de siete décadas después, lejos de decaer, el problema se ha multiplicado a la enésima potencia a causa de la proliferación de nuevas sustancias adictivas cuyo tráfico hacia Estados Unidos y Europa genera ingentes ganancias para bandas delictivas que se disputan las rutas de trasiego, aunque en ocasiones se alían entre sí o buscan la complicidad de autoridades corruptas o de personas con los “conectes” necesarios para tener horarios o tramos de paso libre.

Las autoridades reportan cada año decomisos de decenas de toneladas de cocaína, heroína, precursores químicos y ahora, cada vez en mayores cantidades, alijos de drogas sintéticas. Y sin embargo, el flujo de tales venenos hacia sus principales mercados se mantiene. Esto da un indicio de posibles estrategias de cargamentos sacrificados en favor de que otros logren pasar o de golpes asestados contra ciertas estructuras gracias a delaciones facilitadas por capos o carteles rivales. Ello puede sonar a trama de ficción televisiva, pero a veces la realidad supera la imaginación.

Esta semana comenzó en una corte de Nueva York el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México y quien alguna vez fue el poderoso encargado de la lucha antidrogas en ese país. Es acusado de haberse enriquecido al recibir sobornos del Cartel de Sinaloa, cuyas operaciones habría protegido, además de utilizar a la Policía y el Ejército para atacar a la competencia.

La defensa de García Luna argumenta que es víctima de venganza por parte de narcotraficantes que fueron capturados durante su gestión; no obstante, el patrón de acciones, omisiones y resultados es abrumador. El primer testigo es Sergio Villarreal, un expolicía que se volvió traficante, delito por el cual está preso en EE. UU. Declaró que él, en persona, dio sobornos de hasta US$1.5 millones mensuales a García Luna.

En el 2017 un tribunal guatemalteco autorizó la extradición a Estados Unidos del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero aún guarda prisión por otros procesos. En el 2019 fueron detenidos ocho policías señalados de participar en tumbes de droga, y el excandidato presidencial Mario Estrada fue juzgado en EE. UU. y condenado a prisión por narcotráfico. En el 2021, otro pedido de extradición señalaba a militares de custodiar cargamentos de droga.

Las drogas sintéticas, transportadas o elaboradas en laboratorios clandestinos, amenazan a la niñez y juventud por su alto riesgo de adicción y efectos letales. El combate al trasiego de tales sustancias debe ser redoblado por la Policía y el Ejército, con mejor control de pasos ciegos y aduanas. Pero también implica el funcionamiento sin interrupciones ni “fallos informáticos” de escáneres portuarios y aeroportuarios. Es deseable que no existan otros García Luna en los poderes de Estado guatemalteco, pero ello exige férreos controles anticorrupción, eficientes sondeos de flujos irregulares de dinero y, sobre todo, bloquear el narcofinanciamiento electoral. El expresidenciable Manuel Baldizón fue condenado en EE. UU. luego de haberse declarado culpable por lavado de dinero narco. Hay un diputado exconvicto y ahora prófugo, pero, más preocupante, aspirantes a curules señalados de tales nexos.