Muchos de los airados reclamos y firmes plantones ocurridos frente a la sede del Ministerio Público (MP) en Gerona y en carreteras del país muy probablemente se habrían evitado si, a lo largo de los eventos de las últimas tres semanas, hubiese existido una voz que representara los derechos ciudadanos, individuales, sociales y político. Sin embargo, para una gran mayoría de guatemaltecos, ayer fue la primera vez que pudieron conocer el timbre de voz del procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, quien a lo largo del asedio contra el proceso electoral era el gran ausente. Expresó cierto apoyo a las manifestaciones ciudadanas, pero en asuntos tan graves como los que desataron la indignación de los guatemaltecos los tiempos también cuentan.

El Gobierno primero tiró la crítica a las protestas, sin aludir siquiera a la causa ni emitir censura alguna al secuestro de actas electorales, que fue el símbolo denigrante para los ciudadanos que los llevó a las calles. Pero un día después pide a la Organización de Estados Americanos mediar en un diálogo.

Y es que, a nivel internacional, el escándalo no es solo del MP, sino de todo el Gobierno y del presidente Giammattei, por su extraña falta de pronunciamiento alguno en asunto tan grave, histórico y simbólicamente doloroso para el civismo. Quizá una palabra a tiempo habría atajado el descontento, pero no dijo nada, así como también callaron el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Después de una resolución decepcionante, por ambigua y peligrosa, la Corte de Constitucionalidad otorgó la madrugada de ayer un amparo provisional para proteger el sistema democrático y la entrega del poder al gobierno legítimamente electo por la ciudadanía. Pero la gente ya está en las calles.

Es urgente, por supuesto, garantizar la libre locomoción de personas y del comercio, nacional e internacional. Es una garantía que asegura el abasto de alimentos, combustibles y materias primas, así como la competitividad nacional, ya de por sí golpeada por fallas de infraestructura vial, además de evitar eventuales enfrentamientos entre ciudadanos por garantizar o limitar el abasto. Por eso es penoso que en todo el Estado no exista el liderazgo para sentarse a la mesa de inmediato.

No se duda de la buena voluntad de la Organización de Estados Americanos, que ya ha designado a los delegados para iniciar las conversaciones. Las demandas de los manifestantes son claras, especialmente el reclamo de dimisión de la jefa del Ministerio Público y funcionarios allegados. Por el lado gubernamental no se sabe aún quién o quiénes lo representarán y deberían tener cuidado en esa designación. Funcionarios de la Procuraduría de DD. HH. efectuaron una mesa de diálogo sin la presencia del Procurador ni de la Fiscal.

Es obvio, pero vale mencionarlo, que este diálogo no debería convertirse en medida dilatoria o en una falsa premisa para reducir tensiones. El objetivo es, en efecto, desactivar la conflictividad y regresar los ánimos colectivos a la cotidianidad armónica y productiva. También vale decir que los manifestantes han expresado ánimo positivo y una convivencia pacífica, que ciertos grupos sospechosos intentaron de distorsionar o de pintar como violenta. Pero no funcionó, por la misma certeza que se debe tener en el diálogo. La ciudadanía es inteligente, sabe lo que ha costado su democracia y va a protegerla.