Que el título no llame a error; no se trata de una contradicción, sino de una paradoja. No es un contrasentido, sino de una antítesis originada por la gazuza, la ambición y la arbitrariedad con la cual actúan ciertas “autoridades”, en desfachatada afrenta contra su función y juramentos que resultan ser solo una pose vacía y, por lo tanto, una total vergüenza histórica.

Es verdaderamente honrosa y digna de encomio la participación de atletas guatemaltecos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Conquistaron 79 medallas: 17 de oro, 27 de plata y 35 de bronce. Pero en ninguna de ellas se enarboló la azul y blanco, ni se cantó nuestro hermoso himno nacional. No se pudieron celebrar los triunfos guatemaltecos con todo su simbolismo y amor patrio. El país continúa suspendido por el Comité Olímpico Internacional debido a la permanencia de una directiva anómala no reconocida.

La improcedente intromisión de la Corte de Constitucionalidad impuso una directiva electa fuera de los estatutos exigidos por el COI, encabezada por el exfutbolista Jorge Rodas y apoyada por el oficialismo. La otra planilla, presidida por Gerardo Aguirre, que buscaba la reelección, reformó los estatutos, pero estos cambios fueron suspendidos por una supuesta inconstitucionalidad dictaminada por voto dividido de la CC, que obviamente no es la máxima autoridad olímpica internacional, pero que sí favoreció a determinados intereses locales.

El resultado de tal parcialidad arbitraria fue la suspensión internacional de Guatemala desde el 15 de octubre del año pasado. Lo más vergonzoso de todo es que no les importa corregir el tema, no les importa que los atletas guatemaltecos compitan bajo el sello genérico “Caribe Sports”, y aunque ya casi se completan ocho meses de la sanción, ambos grupos siguen obstinados en sus posturas lesivas. El Comité Olímpico Internacional sugirió una salida, a través de una elección con nuevos aspirantes al amparo del reglamento reformado para asegurar transparencia, cero tráfico de favores y equidad en el acceso a cargos de servicio deportivo.

La cerrazón mental de ambos extremos, pero también de las magistraturas, es obviamente perversa. Deberían renunciar a su pretensión caduca y dejar campo a una nueva era para el deporte olímpico guatemalteco. Eso quiere decir que, mientras más grandes los logros y mientras más fructífera la cosecha de medallas de nuestros seleccionados en las actuales condiciones de desafuero, mayor es la vergüenza para estos apostadores de conveniencias.

La prueba de la mala administración de uno u otro grupo es la falta de programas innovadores de apoyo y formación para niños y jóvenes de áreas urbanas y rurales. La infraestructura deportiva sigue desfasada, deteriorada e insuficiente; además, el acceso a la misma es condicionado, con lo cual se desperdician potenciales talentos. Debe encontrarse a la brevedad posible la ruta a la reinserción del Comité Olímpico Guatemalteco, que por ahora solo es un comité sin reconocimiento. Los atletas guatemaltecos tuvieron un desempeño meritorio; la ignominia recae sobre todos aquellos cuyas acciones u omisiones les impidieron portar la bandera nacional en el desfile de entrada, clausura y en el podio.