A pesar de ser cifras preocupantes, la reacción del Ministerio de Educación frente a miles de casos de abandono escolar de estudiantes que reprobaron grados de primaria, secundaria y diversificado sigue siendo de inercia burocrática totalmente desfasada de la realidad. Por tratarse del capital humano, del recurso productivo, del potencial laboral futuro del país, no es cualquier cosa decir que, en el 2020, 120 mil estudiantes que perdieron algún grado ya no regresaron en el siguiente ciclo para repetirlo, entre ellos unos 79 mil de básicos y 40 mil de alguna carrera del nivel medio.

Es probable que la pérdida de estudiantes en el sector público tenga como principal causa las dificultades económicas familiares derivadas de la pandemia, a lo cual se suman la pérdida de cultivos por factores climáticos y la falta de empleos en ciertas regiones. Así también incide el éxodo migratorio de guatemaltecos que intentan viajar sin documentos a EE. UU. Si se tuviera una gestión seria y comprometida, en este momento ya existiría al menos una investigación preliminar para tratar de contextualizar esas razones. Por otra parte, de no ser tan clientelares y politizados, los programas de abasto alimentario y los programas de bono escolar podrían ser un incentivo suficiente para asegurar mayor continuidad.

Sin embargo, en este momento persiste el atraso en la provisión de datos acerca de la deserción —cuando los alumnos abandonan las aulas durante el ciclo lectivo— y el abandono por haber reprobado el grado. Este tiempo perdido impacta en un período de edad crítico para el aprovechamiento o pérdida del aprendizaje y se agrava más si ya los estudiantes no regresan para completar su formación.

Sobre la diferencia de estudiantes que reprobaron en 2021 y no se inscribieron en 2022 aún no se tienen datos certeros. El Mineduc solo reporta la cifra de los que perdieron el grado, pero no detalla cuántos volvieron a intentarlo. Esta información es clave para emprender estrategias de apoyo didáctico y campañas informativas para motivar el retorno de niños y jóvenes guatemaltecos a las aulas. Pese a existir un código único por estudiante que permitiría un mejor rastreo del desempeño y la continuidad de estudios, los datos oficiales adolecen de dilaciones que entorpecen la búsqueda de soluciones. Centros de investigación públicos y privados, así como facultades de Educación o Ciencias Sociales bien podrían estar interesados en tomar el tema como parte de su aporte a la Nación, para identificar factores, de manera cualitativa y cuantitativa, a fin de dar recomendaciones.

Lejos de afrontar la realidad con un espíritu de autocrítica y proactividad, el Ministerio de Educación lo que ha hecho desde 2020 es presionar a los planteles para que ayuden a los estudiantes con rendimiento deficiente a ganar el año, no a aprender. En muchos casos los conocimientos no superen una evaluación promedio y la mejor prueba es cuando no logran pasar exámenes universitarios de admisión.

Estrategias serias de largo plazo como la contratación de más docentes con título universitario o condicionar los aumentos a evaluaciones de desempeño están sujetas a los chantajes del sindicato magisterial o a las recomendaciones de diputados o alcaldes para ocupar plazas con allegados. Mientras tanto, la Nación pierde capacidad de formar inteligencias. Quizá en el fondo eso es lo que desean ciertas mentes obtusas cuyo perverso objetivo es sojuzgar a la ciudadanía.