Nuestros seleccionados deportivos sí tienen patria, sí tienen pueblo, sí llevan en el corazón el amor a Guatemala; eso es indubitable. Quienes no parecen tener nada de eso son aquellos individuos cuya falta de sensibilidad, de empatía o sensatez los privó de representar a la bandera azul y blanco en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Los atletas nacionales tuvieron que desfilar bajo la bandera del olimpismo. debido a la ciega ambición de retener puestos insostenibles, la sumisión a oscuros patrocinadores y la ausencia de integridad axiológica para renunciar a tan dañosas pretensiones.

El actual Comité Olímpico Guatemalteco (COG) tiene de olímpico solo el nombre, debido a la suspensión internacional impuesta desde hace seis meses por el Comité Olímpico Internacional. Tal directiva fue impuesta a rajatabla por un dictamen de magistrados de la Corte de Constitucionalidad claramente identificados con el oficialismo de turno, emitido en noviembre de 2022. Desoyeron cualquier llamado, destecharon los cambios de estatuto solicitados por el ente internacional y sobrevino la suspensión del país. Deportistas locales, muchos de ellos con fuerte aspiración de medallas, competirán sin bandera, como si fuesen apátridas.

Se debe endilgar tan inédita vergüenza a dos planillas en pugna desde 2021: una de ellas empecinada en el continuismo y otra, embelesada en los ingentes recursos económicos constitucionales del deporte, pero totalmente indolente ante las consecuencias de bloquear cambios requeridos por el olimpismo internacional, simplemente porque no le convenían, dadas las implícitas exigencias adicionales de cuentadancia.

Las planillas dirigidas por Gerardo Aguirre y Jorge Rodas se enfrascaron en un pulso de egos, de conexiones y de avideces. Ambos esgrimieron sendos discursos de defensa de la autonomía, de transparentar la ejecución de fondos y de mejorar el rendimiento de los atletas, pero son cascarones verbales, falacias y pretextos: la mejor prueba es que siguen sin renunciar para poder abrir un nuevo proceso eleccionario en el cual ambos se abstengan de participar y desarrollado según los estatutos requeridos por el COI.

La supuesta inconstitucionalidad declarada por la CC es solo un pretexto para amparar a la planilla apadrinada por el oficialismo. Sintomático: hasta ahora no existe ni un solo pronunciamiento de la directiva impuesta, ni de la CC, ni del Ejecutivo ni del Congreso en favor de una solución que regrese a Guatemala al ciclo olímpico. Los llamados de los deportistas, los directamente perjudicados por este mamotreto legaloide, fueron ignorados. Cabe cuestionar qué clase de constitucionalidad defiende una CC que les arrebata oportunidades de representar a su nación a los atletas guatemaltecos de todas las disciplinas, edades y categorías.

Si la defensa oficiosa de una camarilla implica un impacto negativo en un enorme colectivo de jóvenes, ¿de qué legitimidad se habla? Con el proceso electoral se viene un indudable cambio de polaridades que impactará en los asideros políticos del Comité Guatemalteco y hará inminente la relegada elección. El deporte nacional necesita una reinvención para potenciar talentos, extender la atención a los atletas de la provincia y transparentar la ejecución de fondos. Que el desfile sin bandera nacional de los seleccionados guatemaltecos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe sea recordado como el fruto malsano de indignas parcialidades y tráfico de favores.