Es evidente que la ejecución de obra vial en tres años y medio del período de Giammattei Falla ha estado lastrada por conflictos de interés en la contratación de obras en determinadas regiones y por la ejecución parsimoniosa de proyectos en los cuales se puede traslucir la intención de cortejar el voto de posibles bolsones electorales como parte de la estrategia para buscar la reelección.

“Tendremos en buenas condiciones la red vial estratégica”, decía literalmente la propuesta de gobierno difundida durante la campaña de 2019, en la cual se ofrecía “cero baches en cien días” y la mejora de interconexión hacia fronteras. Sin embargo, el tránsito por la ruta de la Costa Sur hacia México, caracterizada por su intensidad industrial, turística y productiva, sigue atado a los mismos embudos. No se ha ejecutado, ni siquiera proyectado, un libramiento. Tres años tardaron para recapear, de manera chapucera, un tramo de 600 metros cercano al nudo de Cocales, Suchitepéquez, como ocurre en varios tramos que no tienen líneas de señalización, mucho menos bardas metálicas.

Los transportistas de Quiché protestaron ayer para exigir la reparación de tramos y la instalación de puentes, lo cual pone en evidencia los nulos resultados que tuvo el año y medio del exministro y diputado Edmundo Lemus, quien regresó a su curul distrital por dicho departamento. El resto del manejo carretero ha estado a cargo del ministro Javier Maldonado, quien no posee el título de ingeniero civil o al menos así se ve en el portal del Gobierno. Antes ocupó el viceministerio para la construcción de edificios educativos, en el cual no destacó, sobre todo si se toma en cuenta que la suspensión de clases por la pandemia pudo ser ideal para una ejecución histórica de obra física en este campo.

Un año y tres meses después de su aprobación también es notoria, intrascendente y dispendiosa, sin destino claro, la ampliación presupuestaria de Q3 mil 191 millones aprobada por la alianza oficialista del Congreso en marzo de 2022. La iniciativa de tal botín fue presentada por los diputados Shirley Rivera, Mynor García y Carlos Roberto Calderón, del partido Vamos, con el rimbombante nombre de “Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica”.

Se cuestionaron en su momento los pocos mecanismos de transparencia, la dudosa capacidad de ejecución y las pocas garantías de calidad de los trabajos ofrecidos. Sin embargo, con todo y una disponibilidad de fondos de Q8,642 mil millones, la más alta de la historia, el propio ministro Aguilar se excusaba de manera anticipada al afirmar que aún no eran recursos suficientes para rescatar la red vial.

El problema de opacidad en el Ministerio de Comunicaciones no es exclusivo del último cuatrienio. A lo largo de dos décadas ha prevalecido una falta de visión estratégica en la infraestructura vial. En este lapso han surgido y han quedado engavetados planes de anillos regionales interdepartamentales que no solo descargarían el tráfico capitalino, sino que harían más ágil y eficiente el transporte de personas y mercancías desde zonas de mayor productividad. En lugar de avanzar en proyectos visionarios, sucesivos ministros han proseguido paradigmas clientelares, convenencieros y cortoplacistas que solo siguen costando dinero de los guatemaltecos, sin resolver las necesidades del desarrollo, la competitividad y la elemental movilidad. En período electoral es necesario tomar en cuenta estas necesidades y errores para analizar propuestas, si acaso existieran.