El tema migratorio vuelve a colocarse en el centro de la opinión pública estadounidense con el final del Título 42, norma activada durante el gobierno de Donald Trump que permitía la expulsión inmediata de migrantes indocumentados por razones sanitarias de pandemia y que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar alguna respuesta en el lado mexicano de la frontera. Así se aglomeraron decenas de miles de personas, la mayoría centroamericanas y venezolanas, en improvisados y a menudo inhumanos campamentos.

El gobierno de Joe Biden ha reforzado con más militares la frontera y ha difundido avisos de tono disuasivo para frenar la previsible oleada masiva de ingresos y solicitudes de asilo adicionales. La evaluación y respuesta de cada petición puede demorar meses o años. Esto preocupa aún más, ante la posibilidad de instalación de un centro de asilados en Guatemala. Mientras tanto, coyotes y bandas de tráfico de personas, que a menudo tienen nexos con el narcotráfico, acicatean el éxodo mediante engaños. Las precariedades económicas y la falta de empleos, sobre todo en áreas de la provincia, hacen el resto. Le mienten a la gente diciendo que estará más libre el ingreso para solicitar asilo. Falsedades que buscan seguir engrosando sus caletas de dinero.

Esta coyuntura se produce a pocas semanas del anuncio del presidente Biden de postularse para ser reelecto, de la pretensión de Trump de ir por un segundo período a pesar de sus líos legales y el destape de otros aspirantes republicanos que podrían disputarle la nominación a dicho exmandatario. Entre estas figuras se encuentra Ron de Santis, gobernador de Florida que ayer firmó la más dura ley antimigrantes de toda la Nación.

El anuncio de la promulgación se hizo desde un podio con el letrero “La crisis fronteriza Biden”. La postura ultraderechista del gobernador, descendiente de inmigrantes italianos y cuyo nombre completo es Ronald Dion de Santis, emula las acciones de Donald J. Trump. Tal intolerancia recuerda inevitablemente la malhadada ley 187, una iniciativa racista, xenofóbica y arbitraria impulsada por el gobernador republicano de California Pete Wilson y aprobada en las votaciones de 1994. La 187 bloqueaba servicios de educación y salud, permisos de trabajo e incluso licencias de conducir.

La norma de Ronald de Santis penaliza con severidad a quienes transporten, alberguen o auxilien a migrantes indocumentados, incluso a iglesias u organizaciones humanitarias. Se prohíbe la emisión de licencias a personas en situación irregular y se desconocen los permisos de conducir extendidos por otros estados. Además, elimina exenciones de matrícula a miles de “dreamers”, niños y jóvenes hijos de migrantes que llegaron a corta edad a ese país; exige un estatus legal para la contratación de trabajadores y obliga a los hospitales a registrar datos y estatus de toda persona atendida. Asimismo, expulsa a migrantes detenidos a otros Estados, especialmente aquellos con ciudades santuario. Se calcula que en Florida puede haber hasta 115 mil guatemaltecos indocumentados.

La Ley 187 fue suspendida y después declarada inconstitucional. A la larga desgastó a los republicanos por sus efectos sobre la dinámica económica. Casi tres décadas después se recicla un concepto similar en Florida, donde muchos empleadores, sobre todo en el área de construcción, restaurantes y hospedería ya reportan una caída drástica en la disponibilidad de trabajadores.